20 de octubre de 2025
RIO NEGRO
La Fiscalía investiga si hubo ilegalidad en otorgar a Ciccarelli permisos para explotar canteras
La fiscalía General abrió dio curso a una denuncia del diputado Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos). Busca determinar si existió incompatibilidades, ya que el primo de Fred Machado era empleado provincial cuando obtuvo las licencias

La Fiscalía General de la Provincia de Río Negro dio curso a la denuncia presentada por el diputados Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos), sobre la adjudicación de canteras de arena silíceas a Claudio Ciccarelli, quien al momento de conseguir los permisos se desempeñaba como empleado del Estado provincial.
La presentación, formalizada ante el Procurador General, Dr. Jorge Crespo, mientras el cargo era subrogado por el Fiscal General, Dr. Fabricio Brogna, advierte sobre la posible existencia de incompatibilidades legales y administrativas, ya que Ciccarelli habría recibido permisos de explotación de canteras otorgados por la propia Provincia, en presunta contradicción con la normativa que regula el ejercicio de la función pública.
Días atrás, al ser consultado sobre su relación con el empresario Federico “Fred” Machado, el gobernador Alberto Weretilneck respondió a la prensa que se reunió con él una sola vez hace muchos años, porque tenía intenciones de invertir en la provincia. En la misma rueda de prensa realizada en Viedma, Weretilneck fue consultado por el vínculo de Ciccarelli con la provincia, dado que es primo de Machado y, se presume, su testaferro.
La respuesta fue que tenía tres permisos para explotar canteras y dos más en proceso de tramitación, todo conforme indica la legislación. También reconoció que había sido adscripto en la Legislatura, donde le habían dado de baja días atrás, luego que se hiciera público el vínculo de Machado con el diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert.
Ahora, a raíz de la denuncia de Delgado Sempé, la Fiscalía resolvió la apertura de una investigación preliminar en la ciudad de Viedma, con el objetivo de determinar la legalidad de las autorizaciones otorgadas y las eventuales responsabilidades administrativas o penales que pudieran corresponder.