17 de octubre de 2025
PRODUCCION
Ley 90/10: qué dice la norma que preocupa a los industriales en Santa Cruz
Los operativos de verificación desplegados esta semana constataron faltas al nuevo régimen del 90% de empleo local, en medio de advertencias empresarias sobre los riesgos para la inversión. La norma exige seis años de residencia y combate domicilios ficticios
Los controles realizados esta semana por el Ministerio de Trabajo en los principales accesos a yacimientos petroleros y mineros de Santa Cruz ya han detectado los primeros incumplimientos a la flamante Ley 3960, que establece que el 90% de los empleados deben ser residentes con al menos seis años en la provincia. Los operativos, que incluyeron verificaciones documentales masivas, constataron irregularidades en la acreditación de residencia de trabajadores, generando las primeras actas de infracción mientras el sector industrial alerta sobre los desafíos de implementación.
La ley, publicada a inicio de semana en una edición especial del Boletín Oficial provincial, modifica el artículo 3 de la Ley 3141 y establece un esquema de preferencia laboral sin precedentes en la Argentina. Para las empresas operadoras de hidrocarburos, minería, pesca e industrias vinculadas, el requisito general es contratar un 90% de mano de obra local, con una residencia efectiva mínima de seis años en Santa Cruz, acreditada mediante DNI con domicilio provincial y certificado de residencia oficial. La norma es específica al presumir incumplimiento cuando se verifiquen trabajadores con domicilio coincidente con el de la empresa contratante.
Un aspecto particular afecta a los proyectos acogidos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de la Ley Nacional 27.742, para los cuales el porcentaje se divide en un 60% de mano de obra con residencia provincial y un 30% específicamente de la localidad donde se radique el proyecto, manteniendo así el umbral total del 90%. Esta diferenciación busca compatibilizar el incentivo nacional a las grandes inversiones con la protección del empleo local, aunque representa un desafío logístico adicional para las empresas con operaciones en múltiples localidades.
El gobierno de Claudio Vidal, que promulgó la norma por Decreto 874 tras su sanción unánime el 25 de septiembre, ha defendido la medida como una reparación histórica para los santacruceños. "Durante años la anterior proporción del 70/30 se aplicó de manera inversa, favoreciendo a trabajadores foráneos y dejando a los santacruceños sin oportunidades", afirmó el gobernador durante los operativos de control. Las autoridades insisten en que la ley busca generar empleo genuino, fortalecer el consumo interno y reactivar la economía regional.
Sin embargo, desde la Cámara Minera de Santa Cruz (CAMICRUZ) han expresado preocupación sobre el impacto de la norma en la atracción de inversiones. Aunque reconocen compartir el objetivo de empleo local, advierten que la rigidez del esquema 90/10 podría limitar la flexibilidad necesaria para contratar personal especializado no disponible en la provincia, aumentando costos operativos y desincentivando proyectos en una provincia dependiente de industrias extractivas. Representantes del sector han solicitado mesas de diálogo para analizar implementación gradual.
La norma faculta a la autoridad de aplicación a celebrar convenios con organismos provinciales, municipales y comisiones de fomento para garantizar su cumplimiento, estableciendo un plazo de 60 días para que el Poder Ejecutivo provincial la reglamente. Los operativos conjuntos entre ministerios de Seguridad y Trabajo, municipios y fuerzas policiales continuarán durante las próximas semanas, con especial foco en represas, obras de infraestructura y yacimientos productivos.
Mientras tanto, en redes sociales y foros de debate, la medida genera opiniones divididas. Vecinos de provincias limítrofes como Chubut reportan impactos indirectos, con controles que impiden el ingreso de trabajadores no residentes, mientras analistas independientes han calificado la medida como un control estatal excesivo sobre el empleo. Por contra, sindicatos y sectores laborales locales la respaldan como una herramienta de dignidad y equidad, alineada con la necesidad de priorizar a quienes aportan al tejido social provincial.
El verdadero desafío, reconocen tanto funcionarios como empresarios, será implementar la ley sin afectar la competitividad de los sectores productivos, en un contexto donde Santa Cruz busca equilibrar su dependencia de recursos naturales con la protección de sus habitantes. Los próximos meses, con la reglamentación en proceso y los controles intensificados, definirán si la norma impulsa el desarrollo inclusivo o genera barreras que limiten la expansión industrial en la provincia.