El juez civil, Cristian Tau Auzoátegui solicitó a la gestión de Walter Cortés que presente un informe detallado sobre el manejo del Centro de Residuos Urbanos y Materiales. La medida incluye una pericia técnica a cargo del CONICET. Vecinos y ambientalistas denuncian graves problemas de salud

Algo huele mal: la Justicia pidió pericias e informes al municipio por el basural

En un nuevo capítulo del conflicto ambiental que atraviesa a la localidad rionegrina de San Carlos de Bariloche, el juez civil Cristian Tau Anzoátegui emplazó al Municipio a presentar un informe detallado sobre el manejo del Centro de Residuos Urbanos y Materiales (CRUM), el vertedero municipal conocido popularmente como "el basural".

La medida, que incluye una pericia técnica a cargo del CONICET, responde a las denuncias persistentes de vecinos afectados por contaminación, incendios frecuentes y olores nauseabundos. Esta intervención judicial pone en evidencia la falta de avances concretos bajo la gestión del intendente Walter Cortés, quien ha prometido soluciones sin cumplirlas, agravando una crisis que se arrastra desde 2019.

El amparo colectivo iniciado hace seis años por juntas vecinales y organizaciones ambientales surgió como respuesta a los graves impactos del basural en los barrios linderos, como Valle Azul, 645 Viviendas y otros sectores del acceso sur.

Los vecinos reportaron irritación en los ojos, problemas respiratorios, náuseas y un aumento en enfermedades transmitidas por vectores como moscas y roedores, atraídos por las más de 500.000 toneladas de residuos acumuladas, a las que se suman unas 200 toneladas diarias.

Los incendios, que se registran casi a diario en épocas de viento intenso, expanden humo tóxico sobre un amplio radio, convirtiendo el área en una zona de riesgo sanitario constante.

Un relevamiento médico realizado por los propios vecinos documentó afectaciones repetidas a la salud, mientras que protestas como cortes de acceso al predio han visibilizado la desesperación de la comunidad.

En este contexto, los reclamos vecinales no solo apuntan al cierre definitivo del basural –prohibido por la legislación nacional en áreas urbanas–, sino también al cumplimiento de normativas ambientales que exigen un tratamiento adecuado de residuos.

La Defensora del Pueblo municipal, Mariana Miruth, convocó a mesas de trabajo para abordar el problema, pero los amparistas insisten en que las promesas municipales han sido insuficientes.

"Es un cáncer ambiental que afecta a toda la Patagonia", ha declarado un ambientalista en referencia al sitio, considerado uno de los 50 basurales más contaminantes del mundo.

La actitud del Municipio, bajo la administración de Walter Cortés, fue objeto de duras críticas por su aparente pasividad y falta de transparencia. A pesar de anuncios en junio de este año sobre una "solución antes de fin de año", como el traslado del predio o la contratación de una empresa para tratar la basura, no se han observado avances concretos.

Cortés, quien asumió tras el vencimiento de plazos previos establecidos por la Justicia, mantuvo el basural en su ubicación actual sobre la Ruta 40, ignorando recomendaciones para su clausura.

La reducción de "puntos verdes" para reciclaje, la ausencia de registros sistemáticos sobre incendios desde 2019 y la falta de respuestas inmediatas a las crisis –como la última humareda que afectó barrios enteros– reflejan una gestión deficiente que prioriza otros temas por sobre la salud pública y el medio ambiente.

Vecinos y opositores señalaron, mientras el gobierno provincial subsidia eventos deportivos, el intendente brilla por su ausencia en este conflicto, perpetuando una crisis sanitaria que podría evitarse con medidas preventivas y un plan integral de residuos.

La resolución del juez Tau Anzoátegui exige al Municipio informar sobre el plan de tratamiento de basura, el volumen diario de residuos, el manejo de lixiviados, gases y aguas pluviales, así como la maquinaria utilizada y la prevención de incendios.

Además, el CONICET deberá evaluar el cercado del predio, controles de acceso, contaminación del suelo y aire, entre otros aspectos.

Mientras tanto, la comunidad espera que esta presión judicial impulse cambios reales, en medio de un panorama donde la inacción municipal ha convertido un problema ambiental en una amenaza cotidiana para miles de barilochenses.

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