16 de octubre de 2025
SANTA CRUZ
El juicio político de Basanta causó un cortocircuito entre el Judicial y el Legislativo
Tras una primera versión que indicaba que el vocal se había negado a recibir la notificación, se confirmó que la misma finalmente fue firmada y llegó a la Presidencia de la Cámara de Diputados, aunque con demoras. La Sala Acusadora lo suspendió por no cumplir con los años de ejercicio de la abogacía
El proceso de juicio político contra el vocal del Tribunal Superior de Justicia, Fernando Basanta, generó este jueves un nuevo capítulo de tensión institucional, marcado por descoordinaciones y rectificaciones entre los poderes Judicial y Legislativo. Inicialmente, versiones oficiales de la Cámara de Diputados señalaron que Basanta se había negado a recibir la notificación de su suspensión, decidida por la Sala Acusadora debido a que no cumple con los seis años de ejercicio de la abogacía que exige la Constitución Provincial.
Sin embargo, horas después se confirmó que la notificación, firmada por el propio Basanta, había llegado a la Presidencia de la Legislatura, aunque con demoras que alimentaron la confusión.
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La suspensión, que implica el apartamiento inmediato de Basanta del máximo órgano judicial y la reducción de su salario a la mitad, fue resuelta tras comprobarse que el vocal no reunía los requisitos legales al momento de su designación en 2022. Las pruebas presentadas en el expediente demostraron que Basanta obtuvo su título de abogado en septiembre de 2015, por lo que, al asumir como vocal, no cumplía con la antigüedad profesional exigida.
La controversia en torno a la notificación refleja la profundidad del conflicto institucional que atraviesa Santa Cruz. Mientras la Cámara de Diputados aseguró en un primer momento que Basanta había rechazado recibir la comunicación, la llegada posterior del documento firmado por el vocal obligó a rectificar esa versión, aunque no aclaró del todo las circunstancias que causaron la demora. Este episodio de descoordinación expone la fragilidad en la comunicación entre los poderes del Estado provincial.
La suspensión de Basanta ocurre en el marco de una crisis institucional más amplia que afecta al Tribunal Superior, actualmente dividido entre los vocales jurados durante la gestión del gobernador Claudio Vidal y aquellos que integraban la corte originalmente. De hecho, Basanta integra -junto a Reneé Fernández, Alicia Mercau y Paula Ludueña- el grupo de vocales que no reconocen la ampliación del tribunal y que mantienen una pulseada por la presidencia con Daniel Mariani y los vocales recién designados por la Legislatura.
El expediente continuará su curso en la Sala Juzgadora, que deberá definir si corresponde la remoción definitiva del magistrado. Mientras tanto, el cortocircuito entre el Judicial y el Legislativo deja en evidencia las tensiones que persisten en la provincia y la dificultad para encauzar los conflictos institucionales por vías formales y coordinadas.