14 de octubre de 2025
NARCOTESTS
Proponen en Santa Cruz la implementación de exámenes toxicológicos para funcionarios públicos
Un proyecto de ley presentado por el bloque Unión por la Patria propone controles aleatorios obligatorio con suspensión inmediata ante resultados positivos para miembros de los poderes Ejecutivo y Legislativo, en línea con una tendencia regional que ya tuvo su correlato en la provincia de Neuquén
La Legislatura de Santa Cruz comenzará a analizar en los próximos días un proyecto de ley que establece la implementación de una "Política de Tolerancia Cero al Consumo de Drogas en la Función Pública", iniciativa presentada por los diputados Carlos Godoy, Karina Nieto y Elba Ponce del bloque Unión por la Patria. La propuesta, que tomó estado parlamentario durante la sesión del 9 de octubre, busca instaurar controles toxicológicos obligatorios, aleatorios y periódicos para todos los funcionarios de los poderes Ejecutivo y Legislativo provincial.
El proyecto establece que los controles alcanzarían a todas las autoridades electas -incluyendo al gobernador, vicegobernador, legisladores, intendentes y concejales- así como a los funcionarios de designación política que integren gabinetes, secretarías o direcciones superiores. El Ministerio de Salud y Ambiente sería designado como la autoridad de aplicación, responsable de la ejecución y fiscalización de los procedimientos.
Según lo detallado en el articulado, los exámenes se realizarían principalmente mediante análisis de orina en laboratorios privados acreditados bajo normas de calidad, los cuales serían seleccionados mediante sorteo público para garantizar la independencia técnica. Los controles estarían orientados a detectar alcohol, cocaína y sus derivados, además de otras sustancias que la autoridad sanitaria determine pertinentes.
El sistema propuesto incluye un mecanismo de doble muestra -frasco A y B- donde la primera se utilizaría para el análisis inicial y la segunda quedaría reservada para una posible contraprueba en caso de que el funcionario impugne el resultado. Todo el proceso deberá documentarse mediante una cadena de custodia que preserve la identidad y los derechos de la persona controlada.
En cuanto a las consecuencias por resultados positivos confirmados, el proyecto diferencia entre tipos de cargos: para los funcionarios no electivos se establecería la remoción automática del cargo, aunque con la posibilidad de acceder a programas de tratamiento y recuperación. Para los funcionarios electivos, en cambio, se prevé la notificación a la Legislatura o Concejo Deliberante correspondiente para evaluar una suspensión del mandato, de acuerdo con las leyes vigentes en la materia.
Los autores fundamentan la iniciativa en la necesidad de "promover una cultura de transparencia, confianza ciudadana y ética pública" dentro del Estado provincial. "Este proyecto tiene como principal enfoque traer a debate dos cuestiones fundamentales: la transparencia y la responsabilidad social de quienes ocupamos espacios de decisión", señalaron los diputados en los considerandos.
Cabe destacar que esta iniciativa se enmarca en una tendencia regional que ya tuvo su correlato en la provincia de Neuquén, donde recientemente se sancionó una normativa similar para el control de sustancias en la función pública, marcando un precedente inmediato en la Patagonia sobre esta clase de políticas de fiscalización dirigidas a quienes ejercen cargos públicos.