9 de octubre de 2025
SANTA CRUZ
La Justicia sigue en crisis: organismos nacionales rechazan la intervención federal
La Federación Argentina de la Magistratura y la Junta Federal de Cortes se sumaron al rechazo contra la posible intervención del Poder Judicial santacruceño, en medio de un conflicto que divide incluso a las entidades profesionales locales
La crisis judicial de Santa Cruz traspasó las fronteras provinciales y generó pronunciamientos de organismos nacionales, mientras las entidades locales mantienen posturas diametralmente opuestas sobre el conflicto que mantiene al Tribunal Superior de Justicia en un virtual estado de ingobernabilidad. La Federación Argentina de la Magistratura (FAM) y la Junta Federal de Cortes (Ju.Fe.Jus) expresaron su "firme oposición" a cualquier intento de intervención federal, en lo que constituye un respaldo institucional a los magistrados santacruceños.
La FAM, en un documento firmado por su presidenta Marcela Ruiz y el secretario general Christian Fabio, manifestó su "preocupación frente a posiciones coyunturales" que pretenden la intervención del Poder Judicial provincial. "La República y la Democracia se construyen desde el respeto institucional. La independencia judicial y las autonomías provinciales son bases del sistema de gobierno que adoptó nuestra Nación desde 1853", sostuvieron, añadiendo que "las vías de hecho y las amenazas de intervención no son herramientas adecuadas para construir la paz social ni el bienestar de la ciudadanía".
Por su parte, la Junta Federal de Cortes, en un comunicado fechado este 9 de octubre, calificó la posible intervención como "una gravísima afectación a las autonomías provinciales y un agravio a la Constitución Nacional". El organismo, que reúne a los presidentes de los superiores tribunales provinciales, señaló que "la intervención parcial de un Poder Judicial provincial constituye la reiteración de una forma de proceder con nefastos antecedentes históricos".
Mientras tanto, a nivel local, la Asociación de Abogados de Río Gallegos emitió un contundente diagnóstico sobre la crisis, advirtiendo que "hoy tenemos dos facciones disputándose el manejo del TSJ, con 4 vocales que no reconocen como tales a otros 4 vocales, pero que sin embargo han jurado y ya se encuentran en ejercicio del cargo". La entidad criticó tanto al Poder Judicial por sus "fallos arbitrarios" que suspenden reformas, como al Ejecutivo provincial por el "desconocimiento de facto de las decisiones judiciales".
La asociación de abogados también señaló irregularidades de larga data, incluyendo el caso del ex Procurador Eduardo Sosa -"removido en forma inconstitucional y con desatención de la orden de reposición emanada de la Corte Suprema"- y la designación del Dr. Basanta como vocal del TSJ "sin que cumpliera con las condiciones constitucionales necesarias". Estos antecedentes, según la entidad, "ya habían generado un deterioro grave en la institucionalidad y un aumento de la desconfianza y descreimiento de la ciudadanía en el Poder Judicial".
El escenario que se configura muestra una crisis multifacética donde, mientras organizaciones nacionales defienden la autonomía judicial provincial, las entidades locales evidencian profundas divisiones sobre el origen y la solución del conflicto, dejando en claro que la "novela judicial" santacruceña está lejos de encontrar un desenlace.