7 de octubre de 2025
ESCENARIO
El caso Sosa: un emblema de lo controversial que puede ser la Justicia en Santa Cruz
Treinta años después de la remoción de su cargo, la posible restitución de Eduardo Sosa como procurador general pone en vilo la tensión entre el poder político y el sistema judicial santacruceño, en un proceso que avanza paralelamente a la polémica ampliación del Tribunal Superior de Justicia
La historia judicial de Santa Cruz tiene en el caso de Eduardo Sosa uno de sus capítulos más emblemáticos y controversiales, donde se entrelazan décadas de incumplimiento de fallos judiciales, tensiones entre poderes y una deuda pendiente con la independencia del sistema judicial.
Treinta años después de su destitución como procurador general durante el gobierno de Néstor Kirchner en 1995, el proyecto de ley impulsado por el gobernador Claudio Vidal busca no solo restituir a Sosa en su cargo, sino también cumplir con una promesa de campaña que hoy se enmarca en una ofensiva para transformar el Poder Judicial provincial, que incluye la ampliación del Tribunal Superior de Justicia de cinco a nueve miembros.
El caso Sosa representa una herida abierta en la institucionalidad santacruceña que ha trascendido fronteras provinciales y nacionales. Su remoción se produjo en el contexto de una reforma judicial que eliminó el cargo de procurador general mientras Sosa investigaba manejos irregulares de fondos públicos, incluyendo regalías petroleras presuntamente mal calculadas y contratos cuestionables con estudios jurídicos.
Tras la destitución, lo que siguió fue un largo peregrinar judicial que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual emitió múltiples fallos -en 1998, 2000, 2001 y 2009- ordenando su reposición, decisiones que fueron sistemáticamente ignoradas por sucesivos los gobiernos provinciales que marcaron una hegemonía K, que argumentaron la imposibilidad de cumplir con las sentencias al haber sido abolido el cargo.
El avance legislativo actual cobra especial relevancia en el contexto de la profunda transformación judicial que impulsa el gobierno de Vidal. Tras su tratamiento inicial en la sesión extraordinaria del lunes, donde se resolvió girar la iniciativa a comisiones, el proyecto deberá sortear ahora su análisis en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, luego de su paso por Asuntos Institucionales.
Este proceso paralelo a la ampliación del TSJ demuestra la determinación del Ejecutivo Provincial de abordar reformas estructurales en el sistema judicial, aunque no exentas de críticas y cuestionamientos por parte de sectores opositores que ven en estas iniciativas una potencial sobrepolitización de la justicia.
Para muchos observadores y actores del sistema judicial santacruceño, la restitución de Sosa representa mucho más que la reparación de una injusticia individual. Se ha convertido en un símbolo de la lucha por la independencia judicial y en un caso testigo sobre la capacidad de los gobiernos provinciales de acatar decisiones judiciales que les son adversas.
Su posible regreso, en un escenario marcado por la renovación institucional del Poder Judicial, podría significar un punto de inflexión en la histórica relación entre el poder político y el sistema de justicia en Santa Cruz, aunque también plantea interrogantes sobre los equilibrios presupuestarios y la sostenibilidad de las transformaciones en curso.
La resolución de este caso, después de tres décadas de litigio y postergaciones, no solo cerraría una de las páginas más controvertidas de la historia judicial provincial, sino que sentaría un precedente significativo sobre el respeto a las decisiones judiciales y los límites de la intervención política en la justicia. En este sentido, el caso Sosa continúa siendo un referente ineludible para comprender las complejidades y tensiones que han caracterizado a la justicia santacruceña a lo largo de las últimas décadas.