La cruzada de Vidal en el Poder Judicial de Santa Cruz
El Gobernador libra una ofensiva contra los gigantes judiciales de la Provincia, en una lucha cuyas consecuencias podrían terminar con una intervención nacional
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En el extenso territorio santacruceño se desarrolla una batalla constitucional que trasciende lo meramente político para convertirse en una transformación del sistema judicial en la Provincia. El gobernador Claudio Vidal, armado con el mandato popular que puso fin a treinta y dos años de hegemonía kirchnerista, emprendió una cruzada que evoca el espíritu quijotesco de desafiar lo establecido en nombre de un ideal superior. La punta de lanza en esta batalla es la ampliación del Tribunal Superior de Justicia, una reforma que Vidal defendió no como un mero ajuste técnico, sino como una gesta necesaria para “devolver la justicia al pueblo”.
Al promover la ley que aumentó los vocales de cinco a nueve, el gobernador patagónico esgrimía argumentos que resonaban con ecos de antiguas batallas entre la tradición y el cambio: la necesidad de transparencia, la urgencia de celeridad procesal, la búsqueda de una imparcialidad que, según su visión, había sido secuestrada por intereses sectoriales.
La aprobación legislativa de agosto de 2025 representó su primera victoria significativa. Sin embargo, las medidas cautelares dictadas por los jueces Bersanelli y Quintana emergieron como aquellos obstáculos inesperados que prueban la convicción del cruzado. Para Vidal, estas resoluciones judiciales no eran más que molinos de viento que, aunque aparentemente formidables, debían ser enfrentados con el coraje de quien cree llevar la razón histórica de su lado. Su decisión de avanzar con la sesión secreta del 25 de septiembre, donde se designaron los primeros dos vocales, Sergio Acevedo y José González Nora, demostró esa peculiar mezcla de idealismo y pragmatismo.
La ceremonia de jura del 26 de septiembre adquirió así los matices de un ritual casi medieval, donde Daniel Mariani, el presidente del TSJ, ofició como una suerte de heraldo real en la armadura de los nuevos paladines judiciales. En ese acto cargado de simbolismo, con el gobernador presidiendo la escena como testigo de honor, se materializaba temporalmente el sueño de Vidal: la concreción de su promesa de campaña, la materialización de su quijotesco empeño por cambiar lo aparentemente inamovible.
Pero así como en los caminos polvorientos de La Mancha, las victorias suelen ser efímeras. La respuesta de los cuatro vocales restantes del tribunal, declarando la nulidad de los nombramientos, representó el contraataque previsible de un establishment que se resiste a morir. Sus argumentos jurídicos, técnicamente sólidos dentro de la tradición legal, chocaban frontalmente con la narrativa transformadora de Vidal, creando ese espacio de fricción institucional donde se debaten no solo interpretaciones legales, sino visiones contrapuestas sobre la naturaleza misma del poder.
El episodio más dramático de esta saga ocurrió con la destitución de Mariani, un movimiento que evidenció hasta qué punto la batalla por el control del poder judicial había escalado a niveles de confrontación total. La designación de Reneé Fernández como nueva presidenta del TSJ marcó un punto de inflexión en este pulso constitucional, demostrando que los molinos de viento judiciales pueden girar con fuerza destructiva cuando son subestimados. Lejos de representar a un Quijote delirante, Vidal encarna más bien la figura del reformista obstinado, consciente de que las transformaciones profundas nunca se logran sin costos ni resistencias, y que todo cambio estructural genera inevitablemente reacciones igualmente intensas.
El desenlace de esta épica contemporánea permanece abierto, suspendido en el limbo de los recursos judiciales y las negociaciones políticas. Lo que ya es indiscutible es que esta cruzada judicial ya alteró el paisaje institucional santacruceño, planteando preguntas fundamentales sobre los límites del poder transformador, la naturaleza de la independencia judicial y el precio del cambio institucional. La gesta de Claudio Vidal quedará registrada como una tarea muy difícil, casi titánica para reformar el poder judicial de la Provincia. En el minuto a minuto de esta embestida, la situación cambia. Mientras el gobernador avanza en la cruzada, la Justicia embiste al no reconocer la legalidad del proceso. El final está abierto.
Las voces a favor: Los argumentos para una justicia más ágil, célere y eficiente
Desde el oficialismo, la reforma se defiende como una medida para modernizar y agilizar el sistema judicial. El argumento central es que la estructura vigente había quedado desfasada frente al crecimiento poblacional: en 1995 cada vocal representaba a poco más de 30 mil habitantes, mientras que hoy la cifra supera los 67 mil. Esa sobrecarga, aseguran, generó demoras de varios años en la resolución de causas. Con nueve miembros y salas especializadas, se busca distribuir mejor el trabajo y ofrecer mayor eficiencia.
Otro fundamento es la necesidad de independencia institucional. Sus promotores sostienen que la reforma permitirá terminar con “viejos pactos de poder” y fortalecer una justicia imparcial y alejada de influencias políticas. En ese sentido, legisladores oficialistas remarcaron que la medida persigue probidad, transparencia y democratización, con el objetivo de recuperar la confianza pública en las instituciones. Asimismo, la ley establece una integración equilibrada de mujeres y varones, lo que se considera un paso hacia una justicia más representativa y en línea con estándares nacionales e internacionales.
Además, se incorpora un mecanismo de selección mediante ternas alfabéticas para transparentar el proceso de designación de jueces. Más allá del oficialismo, el exgobernador Daniel Peralta respaldó la iniciativa, calificándola de legítima y señalando que la modernización debía comenzar en la cúpula judicial. Algunos analistas también ven en la ampliación una oportunidad para mejorar la agilidad y credibilidad del sistema.
Quienes apoyan la reforma destacan que la ampliación busca adecuar la justicia al crecimiento demográfico, garantizar independencia y brindar mayor eficiencia y transparencia, con la expectativa de consolidar un tribunal más ágil, democrático, representativo y transparente.
Eloy Echazú - presidente del bloque UxP en la Legislatura “La reforma se tiene que dar desde las bases, no en la cúpula”
En intercambio con La Tecla Patagonia, el titular del bloque opositor en la Legislatura sostuvo que la ampliación del Tribunal Superior de Justicia es la respuesta incorrecta a los problemas del sistema judicial santacruceño. Para el legislador, la verdadera solución para lograr una justicia más ágil no pasa por sumar vocales al máximo tribunal, sino por una inyección de recursos que fortalezca la base del sistema, con más personal especializado y más fiscalías.
El parlamentario recordó que durante el tratamiento del proyecto y luego de su aprobación, remarcando que la ampliación no resolverá la lentitud de los trámites judiciales, una demora que, en su visión, solo se combate reforzando los cimientos y no la cúpula.
Echazú también llevó el debate al terreno del costo fiscal, revelando que el sueldo de un vocal del TSJ ronda los 14 millones de pesos mensuales. Con base en esto, calculó que la expansión del tribunal tendría un costo anual que superaría los cuatro mil millones de pesos, un gasto que considera insostenible y que, enfatiza, “afecta el bolsillo de los santacruceños”, proponiendo que esos fondos podrían destinarse a áreas como educación, salud o producción.
Asimismo, respaldó las medidas judiciales que frenaron las designaciones, cuestionando la “desobediencia judicial” por parte del Ejecutivo, que debería enfocarse en otros problemas urgentes en la Provincia.
