4 de octubre de 2025
SANTA CRUZ
La Legislatura toma carrera para una sesión de alta tensión por la ampliación del TSJ
Además de tratar la restitución del Procurador General Sosa, este lunes se definirán las ternas pendientes para completar la ampliación del Tribunal Superior de Justicia en medio de un clima institucional fracturado y con múltiples frentes abiertos entre los poderes del Estado
La Legislatura de Santa Cruz se prepara para una de las sesiones más tensas del año. Este lunes 6 de octubre, el oficialismo buscará avanzar con los últimos pasos de la reforma judicial impulsada por el gobernador Claudio Vidal, que incluye la ampliación del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la restitución de la figura del Procurador General, eliminada en 1995 durante el gobierno de Néstor Kirchner.
El debate se desarrollará en un contexto de marcada confrontación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, con medidas cautelares en curso, fallos cruzados y un proceso político que se ha convertido en uno de los ejes más sensibles de la gestión. El bloque “Por Santa Cruz” pretende avanzar en la designación de nuevos vocales para la integración del TSJ ampliado a nueve miembros, una de las promesas centrales de la campaña de Vidal bajo el argumento de modernizar y despolitizar la justicia provincial.
El debate legislativo se desarrolla en un escenario de extrema fragilidad institucional, donde se mantienen vigentes medidas cautelares que suspenden el proceso de designación y la misma mayoría de magistrados de la máxima corte provincial declararon nulas las dos incorporaciones anteriores de Sergio Acevedo y José Antonio González Nora, aprobados en sesión secreta el pasado 25 de septiembre.
El proceso de análisis de las ternas para completar la ampliación del Tribunal sigue en curso dentro de las comisiones legislativas. Previo a la sesión que aprobó las designaciones de Acevedo y González Nora, hubo observaciones vinculadas a los requisitos de antigüedad profesional y a la documentación presentada por una de las postulantes. Hay dos ternas que pueden quedar en condiciones de ser tratadas en el recinto una vez que se acredite el cumplimiento pleno de las exigencias constitucionales y reglamentarias.
Una de ellas está integrada por Juan De la Vega, Natalia Linardi y Julián Michavila, mientras que la otra, que tiene modificaciones, propone a Carlos Javier Bernasconi Lahn, Gabriel Nolasco Contreras Agüero y Fernando Hernán Kustich. Con su eventual aprobación, el oficialismo podría completar la estructura del Tribunal Superior de Justicia ampliado de cinco a nueve miembros.
En paralelo, el proyecto para restituir la figura del Procurador General suma un condimento político e histórico. La iniciativa, impulsada por el diputado Pedro Luxen, propone reponer en el cargo al abogado Eduardo Sosa, quien fuera removido en los años noventa y cuya situación derivó en un prolongado conflicto judicial con el Estado provincial. El texto plantea que el Procurador General sea nuevamente el jefe del Ministerio Público Fiscal y Pupilar, además de ocupar el primer lugar en la línea de subrogación del TSJ.
La jornada del lunes se anticipa como una prueba de fuerza entre poderes. Mientras la justicia provincial mantiene abiertas las causas que cuestionan la legalidad del proceso, la Legislatura buscará legitimar la reforma en el plano político. En el entorno del gobierno, se sostiene que los cambios son “institucionalmente necesarios” para superar un esquema heredado, mientras sectores de la oposición y del propio ámbito judicial advierten sobre el costo económico y la falta de consensos.
El clima de tensión se ve agravado por un nuevo frente: la reactivación del pedido de jury contra la presidenta del TSJ, Reneé Fernández, impulsado por el exjuez Diego Lerena, quien fue destituido el año pasado. La coincidencia temporal entre el tratamiento legislativo y la avanzada contra Fernández refleja la profundidad de la fractura institucional que atraviesa Santa Cruz.
Con todos los actores en guardia, la sesión del lunes promete convertirse en un punto de inflexión en la prolongada disputa entre el Ejecutivo, la Legislatura y el Poder Judicial. Más allá del resultado, el proceso deja al descubierto un escenario de poder fragmentado y un debate que excede lo jurídico, poniendo en juego la dirección política del sistema judicial santacruceño.