26 de septiembre de 2025
REPRESAS DEL COMAHUE
Senadores patagónicos buscan que la Justicia frene la privatización de las hidroeléctricas
Oscar Parrilli, Silvia Sapag, Martín Doñate y Silvina García Larraburu presentaron un amparo en el que cuestionaron el proceso licitatorio dispuesto por el Gobierno Nacional para vender el paquete accionario de los cuatro complejos en la región
La discusión por el futuro de las represas del Comahue sumó un capítulo de alta tensión política y judicial. Los senadores nacionales Oscar Parrilli y Silvia Sapag, representantes de Neuquén, junto con Martín Doñate y Silvina García Larraburu, por Río Negro, presentaron una medida cautelar ante la Justicia Federal para frenar el proceso de privatización de las centrales hidroeléctricas de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía, convocó recientemente a la licitación pública PLIEG-2025-91224663-APN-SE#MEC, con el objetivo de vender el 100% del paquete accionario de las empresas que actualmente administran las represas. Según el planteo de los legisladores patagónicos, esta iniciativa “desconoce a las provincias como titulares de los recursos naturales” y repite el esquema privatizador de los años noventa, cuando la Ley 24.065 transfirió el manejo a capitales privados.
En su presentación, los senadores advirtieron que el proceso no cumple requisitos básicos: entre ellos, la obligación de que la tasación de los activos sea realizada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, tal como exigen las normas vigentes. “Estamos ante un intento de enajenación de bienes públicos que debería haberse discutido con Neuquén y Río Negro, dueñas del recurso hídrico que alimenta al complejo Comahue”, expresó Parrilli redes sociales.
El comunicado remarcó que el modelo elegido por el Gobierno “excluye a las provincias y beneficia exclusivamente a grupos privados que ya han tenido ganancias extraordinarias, sin reinvertir en el sistema hidroeléctrico y fugando capitales al exterior”. En ese sentido, los senadores denunciaron que el pliego de licitación no contempla obligaciones de inversión en mantenimiento ni en nuevos desarrollos, lo que podría poner en riesgo la seguridad energética de la región.
La discusión sobre el futuro de las represas del Comahue no es nueva. En agosto, los gobiernos de Neuquén y Río Negro habían reclamado públicamente la participación en cualquier proceso de concesión, al considerar que la Constitución y la Ley de Hidrocarburos reconocen a las provincias la propiedad de los recursos naturales. Incluso, en paralelo, se desarrollan mesas de diálogo con gobernadores y legisladores patagónicos para impulsar un modelo mixto, que contemple participación provincial en las sociedades operadoras.
Los senadores del PJ proponen una salida alternativa: que el capital accionario se divida en partes iguales entre el sector privado y las provincias de Neuquén y Río Negro. De ese modo, plantean que se garantizaría un equilibrio entre inversión y control público. Además, sugieren que las utilidades generadas por las represas se reinviertan en un 50% en nuevos proyectos hidroeléctricos en la región, para sostener la infraestructura energética a largo plazo.
El trasfondo de la disputa refleja la puja entre Nación y provincias por el control de los recursos estratégicos. Mientras el Gobierno nacional busca acelerar privatizaciones para reducir su participación en el sector energético, los representantes patagónicos reclaman que se respete el federalismo y la autonomía en la administración del agua y la energía. “No vamos a permitir que se repitan los errores de los noventa, cuando el Estado perdió presencia y las provincias fueron relegadas”, advirtió Doñate.
La medida cautelar quedó radicada en la Justicia Federal y se espera una definición en los próximos días. Mientras tanto, el tema promete escalar tanto en los tribunales como en el Congreso, donde ya se analizan proyectos para garantizar participación provincial en la gestión de represas. En el medio, queda un complejo hidroeléctrico clave para el abastecimiento energético nacional y regional, cuya administración marcará un precedente sobre el futuro del federalismo energético argentino.