El organismo provincial investiga si hubo perjuicio económico en la cancelación de una deuda con la empresa de transporte Expreso Los Andes mediante la entrega de un inmueble. En paralelo, el contralor municipal Jorge Fernández, denunció otras presuntas irregularidades en la gestión local

El Tribunal de Cuentas abrió un sumario a la municipalidad de San Martín de los Andes por la cesión de un terreno

El organismo provincial investiga si hubo perjuicio económico en la cancelación de una deuda con la empresa de transporte Expreso Los Andes mediante la entrega de un inmueble. En paralelo, el contralor municipal Jorge Fernández, denunció otras presuntas irregularidades en la gestión local.

El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Neuquén notificó esta semana la apertura de un sumario administrativo contra la municipalidad de San Martín de los Andes, conducida por el intendente Carlos Javier Darío Saloniti, por la cesión de un lote como parte de pago de una deuda con la empresa Expreso Los Andes, concesionaria del transporte urbano de pasajeros en la ciudad.

El proceso se originó tras un dictamen del contralor municipal, Jorge Fernández, quien cuestionó la decisión de entregar un terreno de 4.500 metros cuadrados, valuado en 522 millones de pesos, a cambio de cancelar compromisos con la compañía. Según la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante, de ese monto, 351 millones correspondían a intereses acumulados, mientras que el saldo neto a favor del municipio era de 170 millones.

El Tribunal provincial analizará si esa operatoria produjo un daño patrimonial para la administración local y, en tal caso, definirá eventuales responsabilidades. La medida se enmarca en las facultades de control financiero que ejerce el organismo sobre los municipios neuquinos.

En paralelo a esta investigación formal, Fernández realizó declaraciones radiales donde amplió sus críticas a la gestión municipal. En esos comentarios, denunció “sobrefacturación” en pagos a una funeraria local, que habría recibido 9 millones de pesos por un servicio valuado en alrededor de 2 millones, y relató que la empresa en cuestión habría tercerizado parte de la prestación, lo que incrementó las sospechas sobre el gasto.

El contralor también sostuvo que esa funeraria viene cobrando, desde hace más de un año, tarifas muy por encima de otra firma de la misma localidad. No obstante, aclaró que en este caso no responsabiliza directamente al intendente, sino al secretario de Desarrollo Social, a quien atribuyó el inicio del procedimiento administrativo que derivó en la autorización del pago.

Fernández volvió sobre el convenio con Expreso Los Andes y afirmó que “la entrega de un inmueble para saldar deudas sienta un precedente riesgoso, porque si vuelve a generarse un pasivo, no habrá bienes suficientes para cubrirlo”. En su opinión, la salida debió ser un crédito o un ajuste tarifario progresivo.

Desde el Tribunal de Cuentas, la contadora Ana Estévez, una de sus autoridades, confirmó la coincidencia con los cuestionamientos técnicos de Fernández, tanto en su etapa como asesor del Concejo Deliberante como ahora en funciones de contralor. La investigación administrativa determinará si la operación con la empresa de transporte fue legal y beneficiosa o si, como advierte el contralor, generó un perjuicio para las finanzas públicas locales.

La polémica se suma a un clima de creciente tensión institucional en San Martín de los Andes, donde opositores y sectores sindicales vienen cuestionando la transparencia de las decisiones económicas del municipio.

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