20 de septiembre de 2025
RIO NEGRO
El STJ admite tratar el conflicto de intereses por el referéndum en Bariloche
El Superior Tribunal admitió una demanda por conflicto de poderes entre el Concejo Deliberante y el Ejecutivo municipal por la convocatoria a un referéndum impulsado por el intendente Cortés
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) admitió para su tratamiento una demanda que plantea un posible conflicto de poderes entre el Concejo Deliberante y el Ejecutivo municipal de Bariloche, relacionado con la convocatoria a un referéndum popular.
La resolución del STJ no se pronuncia sobre la validez del referéndum, pero reconoce que el caso debe tramitarse como un conflicto de poderes, competencia originaria y exclusiva del máximo tribunal provincial. Se ha solicitado al Ejecutivo municipal que remita los antecedentes de las resoluciones en cuestión.
Un grupo de concejales cuestiona la legalidad de las resoluciones del Ejecutivo que convocaron al referéndum, argumentando que se realizó sin sustento legal y que invade atribuciones del Concejo Deliberante.
El STJ subraya que la demanda se enmarca en la figura de conflicto de poderes, prevista en la Constitución provincial, cuyo fin es "preservar la regularidad y la organización constitucional mediante la defensa de la competencia asignada". El tribunal ordenó al Ejecutivo de Bariloche remitir un informe con los antecedentes en un plazo de cinco días.
La Procuración General ya había opinado que la demanda debía encuadrarse como un conflicto de poderes y que la competencia correspondía al STJ.
El intendente de Bariloche, Walter Cortés, convocó a un referéndum obligatorio y vinculante para el 9 de noviembre de 2025, donde los residentes votarán "sí" o "no" sobre diez iniciativas clave que impactan la infraestructura, el transporte, el medio ambiente y el estatuto municipal. Cortés considera que estos temas necesitan soluciones inmediatas y busca evitar demoras burocráticas.
Puntos clave del referéndum
Los diez puntos que se votarán incluyen: un plan para mejoras de infraestructura (Plan Vial), permitir aplicaciones de transporte como Uber, implementar un impuesto turístico para financiar proyectos urbanos, trasladar el pago de salarios de los empleados municipales en licencia sindical a los propios sindicatos, reemplazar los pinos de Oregón a lo largo de la costa con especies nativas, regular el uso de Isla Huemul como espacio turístico, ambiental e histórico, donar un lote municipal en la costa a los veteranos de Malvinas para un museo, continuar la construcción de una piscina olímpica municipal, terminar el Centro de Convenciones inconcluso para eventos culturales y turísticos, y extender la declaración de emergencia habitacional hasta 2027 para crear más lotes de vivienda social.
El proceso de votación implicará una única boleta con cada pregunta presentada con opciones de "Sí" y "No". Las decisiones se determinarán por mayoría simple. No votar resultará en una multa equivalente al costo de una bolsa de cemento. Una campaña está en marcha para informar a los residentes sobre las propuestas.