17 de septiembre de 2025
NEUQUEN
La Legislatura aprobó testeos antidroga para funcionarios con altos cargos
Con apoyo mayoritario y cruces en el recinto, la Legislatura sancionó la norma que obliga a someterse a exámenes sorpresivos a ministros, jueces, legisladores e intendentes. La izquierda votó en contra y denunció “una avanzada autoritaria”
La Legislatura de Neuquén aprobó este miércoles, en general y por mayoría, la ley que establece la obligatoriedad de realizar exámenes toxicológicos a funcionarios de alto rango de los tres poderes del Estado provincial. La norma alcanzará a ministros, legisladores, magistrados, fiscales, intendentes y concejales, así como a directivos de entes estatales y empresas públicas.
El proyecto obtuvo un amplio respaldo, con los votos positivos de Comunidad, PRO-NCN, Avanzar, Cumplir, Fuerza Libertaria, Juntos, MPN, Unión por la Patria, JxC-UCR, Arriba Neuquén y Neuquén Federal. En tanto, los bloques FIT-U y PTS-FIT-U se pronunciaron en contra, denunciando que la medida atenta contra la privacidad y que no ofrece respuestas al consumo problemático.
El diputado Francisco Lepore (Avanzar), miembro informante de la iniciativa, sostuvo que la finalidad es garantizar transparencia institucional y cortar cualquier vínculo con el narcotráfico. “Los funcionarios debemos estar sometidos a los mismos controles —o más— que los ciudadanos que representamos”, señaló. Explicó además que los test serán rápidos y sorpresivos, que habrá posibilidad de contraprueba en laboratorio y que la negativa injustificada será considerada resultado positivo.
Desde el PRO-NCN, Marcelo Bermúdez defendió la norma como parte de una política integral de seguridad: “No se busca invadir la intimidad de nadie, sino garantizar que un funcionario no tenga vínculos con narcotraficantes”. Por su parte, Darío Peralta (UxP) consideró que la ley “da una muestra clara a la sociedad” y blinda por ley una obligación ética. Su compañero de bancada, Darío Martínez, apuntó que el objetivo es evitar que un servidor público tome decisiones bajo el efecto de sustancias.
El MPN, a través de Claudio Domínguez, respaldó el proyecto al remarcar que no criminaliza al consumidor en general, sino que establece que “no podés ser funcionario político ni tener responsabilidades de gobierno si consumís”. En tanto, la diputada María Cecilia Papa (Fuerza Libertaria) acompañó, aunque cuestionó el proceso de debate: “Se debería haber convocado a psiquiatras, bioquímicos y fundaciones, porque estamos hablando de un problema de salud mental”.
En la vereda opuesta, la izquierda rechazó la iniciativa. Andrés Blanco (PTS-FIT-U) la calificó como “humo para la tribuna” y una “avanzada autoritaria” que solo busca “perseguir a consumidores y beneficiar a los laboratorios”. Julieta Ocampo (FIT-U) sumó críticas al procedimiento legislativo, al señalar que “se legisló desde la más absoluta ignorancia, sin consultar a especialistas” y advirtió que la norma no prevé asistencia a funcionarios con consumos problemáticos.