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Viernes, 5 diciembre 2025
Argentina
4 de septiembre de 2025
PATAGONIA

Barrera sanitaria: la Justicia puso un stop temporal al ingreso de carne con hueso

El Juzgado Federal de Río Grande, a cargo de la jueza Mariel Borruto, hizo lugar a una medida temporal presentada por la Asociación de Productores de Tierra del Fuego

Barrera sanitaria: la Justicia puso un stop temporal al ingreso de carne con hueso
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Un fallo del Juzgado Federal de Río Grande a cargo de Mariel Borruto frenó por treinta días la autorización para el ingreso de carne con hueso a la Patagonia, una medida que había generado controversia en la región.

La decisión responde a un pedido de productores y autoridades locales, quienes argumentaron que ponía en riesgo el estatus sanitario de la zona, libre de fiebre aftosa sin vacunación.

La resolución suspende la Resolución 118/2023 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), que permitía el ingreso de cortes con hueso provenientes de áreas no libres de aftosa. El juez ordenó mantener la prohibición hasta que se realicen estudios técnicos que garanticen la seguridad sanitaria.

Desde el sector ganadero patagónico celebraron la medida, mientras que el gobierno nacional analiza posibles apelaciones.

Antecedentes y controversia con las provincias del sur

La Resolución 118/2023 del Senasa, que autorizaba el ingreso de carne con hueso a la Patagonia, desató un fuerte rechazo en las provincias del sur desde su publicación en 2023.

Productores, gobiernos provinciales y cámaras ganaderas argumentaron que la medida amenazaba el estatus sanitario de la Patagonia, reconocido como libre de fiebre aftosa sin vacunación, un factor clave para exportar carne a mercados exigentes como la Unión Europea y Japón. La controversia se intensificó por el temor a introducir enfermedades en una región con estrictos controles sanitarios históricos.

La autorización había sido parcialmente suspendida en 2024 tras una acción judicial inicial, pero el reciente fallo del Juzgado Federal de Río Grande refuerza la prohibición de manera integral.

Los demandantes destacaron la necesidad de proteger la economía regional, mientras que el gobierno nacional defiende la resolución original como una medida para equilibrar el abastecimiento interno sin comprometer la sanidad.

 

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