1 de septiembre de 2025
RIO NEGRO
Pesatti amplió a toda la función pública su proyecto contra los discursos de odio
El vicegobernador de Río Negro presentó en la Legislatura un anteproyecto de ley para “prevenir, prohibir y sancionar” los discursos de odio. La norma establece sanciones que van desde el apercibimiento hasta la cesantía o exoneración en los casos más graves
El vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, presentó un anteproyecto de ley que busca prevenir, prohibir y sancionar los discursos de odio emitidos desde la función pública. La iniciativa, de aprobarse, colocaría a la provincia en un lugar de vanguardia en el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
“Partimos de una premisa fundamental: la palabra de un funcionario no es la de un ciudadano común; está investida de la autoridad del Estado y, por lo tanto, cada expresión se convierte en un acto de gobierno”, sostuvo Pesatti al fundamentar el proyecto.
En los fundamentos, se lee que “la necesidad de esta regulación se vuelve evidente al comprender que la violencia verbal es la antesala de la violencia física. Ninguna guerra nació de la boca de un cañón, sino de palabras que incitaron a la violencia”.
Días atrás, el vicegobernador y presidente de la Legislatura había presentado un proyecto de resolución para modificar el Reglamento Interno de la Legislatura provincial incorporando la prohibición expresa de los discursos de odio y estableciendo un régimen de sanciones para quienes incurran en esa práctica. Ahora, decidió ampliar esa política al resto de los organismos del Estado rionegrino.
La propuesta establece que será considerado discurso de odio toda expresión que incite, promueva o justifique la discriminación, la hostilidad o la violencia contra personas o grupos por motivos de etnia, religión, género, orientación sexual, discapacidad, condición social, opinión política u otras características protegidas por el bloque de constitucionalidad federal.
La norma alcanza a funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial, incluyendo a su administración centralizada y descentralizada; miembros del Poder Legislativo Provincial, del Poder Judicial Provincial y del Ministerios Públicos. También comprende a empresas, sociedades y agencias del Estado provincial; entes públicos no estatales, autárquicos e interjurisdiccionales con participación provincial; organismos de control de la Provincia; y a toda otra entidad en la que el Estado Provincial tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias.
Según explicó el vicegobernador, la iniciativa se apoya en los tratados internacionales que obligan al Estado argentino a sancionar estas manifestaciones, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El proyecto prevé sanciones disciplinarias que van desde el apercibimiento y la suspensión hasta la cesantía o exoneración en los casos más graves, para quienes propaguen este tipo de discursos. Además, establece medidas de reparación simbólica, como la retractación pública o la realización de actividades de formación y servicio comunitario.
En el caso de los funcionarios electivos, Pesatti subrayó que “la conducta alcanzada por esta ley será considerada causal de mal desempeño y podrá dar lugar a juicio político y a la separación de su cargo, porque el discurso público degradante constituye un incumplimiento grave en los deberes de un funcionario”.
La autoridad de aplicación será la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, que tendrá a su cargo la recepción de denuncias, la elaboración de dictámenes técnicos y la puesta en marcha de un programa de capacitación obligatoria para todo el personal del Estado.