El intendente envió al Concejo un proyecto de Emergencia Económica por seis meses que le permitiría ajustar gastos, suspender subsidios y renegociar contratos. La oposición denuncia un intento de blindaje político en medio del escándalo por el manejo de fondos

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El intendente de Allen, Marcelo Román, envió al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que declara la emergencia económica, financiera y fiscal en la comuna. La iniciativa busca dotar al Ejecutivo de herramientas para enfrentar el déficit local, con un plazo inicial de seis meses prorrogables.

El texto plantea medidas de contención del gasto, revisión de contrataciones, congelamiento de ingresos de personal, suspensión de exenciones y subsidios, y la posibilidad de renegociar contratos y moratorias con contribuyentes. Según el propio Román, la deuda de la comuna asciende a $830 millones, aunque el Tribunal de Cuentas sostiene que la cifra supera los $2.900 millones.

La iniciativa se enmarca en un contexto de alta conflictividad política e institucional. Apenas se conoció el proyecto, hubo movilizaciones sindicales frente al municipio y esta mañana aparecieron pintadas contra el intendente en el edificio del Concejo Deliberante. Además, la propuesta no ingresó formalmente al temario de la sesión ordinaria, lo que agrega incertidumbre sobre su tratamiento inmediato.

Foto cortesía Fm Libra 106.7

El proyecto justifica la emergencia en base al impacto de la inflación, el aumento de salarios, la caída de las transferencias nacionales y provinciales y la morosidad de los contribuyentes, que suman deudas por más de $3.100 millones. “La Municipalidad enfrenta un desfasaje inmenso en sus cuentas y necesita medidas excepcionales para sostener servicios esenciales”, señala el texto.

En los considerandos, Román también apunta contra las políticas del Gobierno nacional que habrían reducido las transferencias automáticas y discrecionales, afectando la coparticipación y dejando a Río Negro con pérdidas de miles de millones de pesos.

El trasfondo de la crisis incluye denuncias de corrupción y de mal manejo de fondos públicos. Días atrás, el Tribunal de Cuentas difundió un informe que detalló gastos millonarios en publicidad, horas extras y en la Fiesta Nacional de la Pera, cuyo presupuesto habría crecido de $14 millones en 2024 a $567 millones en 2025. Román denunció “operaciones políticas disfrazadas de control institucional” y aseguró que los datos son falsos.

Mientras tanto, la pulseada política continúa. El oficialismo busca respaldo en el Concejo para aprobar la ordenanza, mientras la oposición y sectores gremiales cuestionan la falta de transparencia y la concentración de facultades en el Ejecutivo. La declaración de emergencia, de prosperar, marcaría un giro drástico en la administración municipal de Allen.

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