15 de agosto de 2025
RESOLUCION FAVORABLE
Por ahora, Argentina no entregará acciones de YPF mientras apela fallo en Nueva York
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito suspendió la orden de la jueza Loretta Preska y permitirá al país avanzar con la defensa sin poner en garantía el 51% de la petrolera. El Gobierno de EEUU se sumará como “amicus curiae”
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió a favor de la Argentina y suspendió la orden que obligaba al Estado nacional a entregar el 51% de las acciones de YPF como parte del pago de la indemnización por la expropiación de 2012. De esta manera, el país podrá avanzar con la apelación sin desprenderse de títulos ni otros activos estratégicos, que permanecerán en la Caja de Valores. La decisión también aceptó la participación del Gobierno de Estados Unidos como “amicus curiae” en respaldo a la posición argentina.
La medida frena temporalmente la disposición emitida el 30 de junio por la jueza Loretta Preska, quien había ordenado ceder las acciones a los fondos Burford y Eton Park, beneficiarios del fallo que condena al país a pagar más de USD 18.000 millones con intereses. Desde el Ministerio de Economía y la Procuración del Tesoro celebraron el fallo como un paso decisivo en la defensa de un activo estratégico, mientras que analistas remarcaron que la Cámara entendió que exigir las acciones en esta instancia sería “ir demasiado lejos” y que el Departamento de Justicia norteamericano fue clave para inclinar la balanza.
El proceso de apelación seguirá su curso con dos ejes: por un lado, la impugnación de la sentencia principal que dio la razón a los fondos buitre; por otro, la objeción a la orden de entregar las acciones como forma de pago. La primera audiencia de fondo será el 25 de septiembre y la segunda, sobre la cuestión de las acciones, está prevista para el 27 de octubre, un día después de las elecciones legislativas.
En paralelo, Burford busca demostrar que YPF y el Estado argentino son “alter ego”, lo que abriría la puerta a cobrar la deuda con otros activos públicos, incluso reservas del Banco Central. También reclama información y comunicaciones de exministros de Economía como Sergio Massa y Luis Caputo.
El Gobierno argentino sostiene que la entrega de acciones viola la inmunidad soberana y la legislación nacional que impide su venta sin aprobación del Congreso, y que además no hay riesgo de disipación de activos. De no prosperar la apelación, la defensa evalúa recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque ese camino conlleva riesgos legales y financieros.