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Miércoles, 13 agosto 2025
Argentina
13 de agosto de 2025
SALIDA EN FALSO

La Justicia ordena al oficialismo rionegrino bajar spots de campaña anticipada

El Juzgado Federal de Viedma dio lugar a una denuncia del PRO y dispuso que Juntos Somos Río Negro elimine publicaciones que promocionaban a sus candidatos antes del inicio legal de la campaña

La Justicia ordena al oficialismo rionegrino bajar spots de campaña anticipada
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El Juzgado Federal de Viedma ordenó al partido oficialista Juntos Somos Río Negro (JSRN) eliminar de forma inmediata publicaciones en redes sociales con mensajes de campaña electoral difundidos antes del plazo legal. La medida se adoptó tras una denuncia presentada por el PRO, que acusó al espacio que lidera el gobernador Alberto Weretilneck de incurrir en proselitismo anticipado.

El secretario general del PRO, Juan Murillo, celebró la resolución judicial y señaló que “la Justicia nos dio la razón y el gobierno de la provincia no va a poder seguir haciendo campaña ilegal”, calificando el accionar del oficialismo como “un intento de abusar del poder”.



Las publicaciones en cuestión, difundidas en cuentas de Instagram y Facebook a nombre del propio Weretilneck, incluían referencias a Facundo López y Andrea Confini como candidatos a senadores nacionales, y a Mabel Yahuar y Juan Pablo Muena como postulantes a diputados nacionales.

Según el tribunal, estos contenidos constituyen actos de promoción electoral anticipada, lo que infringe el artículo 64 bis del Código Electoral Nacional, que solo permite iniciar la campaña para elecciones generales sesenta días antes de los comicios. Para este año, la fecha habilitada es el 27 de agosto.
 

El fallo establece que el material debe ser retirado en un plazo máximo de 24 horas, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones previstas en el artículo 239 del Código Penal. Además, se ordenó oficiar a la empresa Meta Argentina para garantizar la remoción de los contenidos en caso de incumplimiento.

La resolución también dispone que las actuaciones sean remitidas al Ministerio Público Fiscal para evaluar responsabilidades individuales y al Cuerpo de Auditores Contadores de la Cámara Nacional Electoral para verificar el financiamiento de la campaña.

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