El proyecto que busca elevar de 5 a 9 la cantidad de vocales fue aprobado ayer en comisión, tras un intenso debate. Echazú advirtió que el costo anual estimado es de 4.000 millones de pesos, mientras que, desde el oficialismo, Nieto aseguró que busca “democratizar la justicia”

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La Legislatura de Santa Cruz comenzó a debatir el proyecto del oficialismo que busca elevar de 5 a 9 la cantidad de vocales que integran el Tribunal Superior de Justicia de esa provincia. Tras un intenso debate en la comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Reglamento, fue aprobado por mayoría y girado a la de Presupuesto para continuar con su análisis.

El proyecto de Ley N°253/25 promovido por el oficialismo, ingresó a la Legislatura en junio pasado, con la firma de los diputados Adriana Nieto y Pedro Luxen (Por Santa Cruz). Propone modificar el artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley 2404) para elevar de 5 a 9 la integración del Tribunal Superior, con paridad de género obligatoria en las designaciones.

Entre sus fundamentos, remarca el crecimiento demográfico (de 159.839 hab. en 1995 a 337.226 en 2022) y la mayor complejidad de los conflictos judiciales. Mantiene la posibilidad de organizarse en salas y prevé que, de aprobarse, el Poder Ejecutivo proponga ternas para cubrir cuatro nuevas vacantes.

Ayer, se reunió la comisión de Asuntos Constitucionales y el diputado Eloy Echazú (Unión por la Patria), cuestionó varios aspectos de la iniciativa. Por empezar, puso en duda el origen y la oportunidad de la reforma: “No veo que el Ejecutivo haya acompañado este proyecto; si lo hubiese solicitado, lo habría elevado él”, comenzó.

Luego, planteó que la celeridad judicial no se resuelve con más vocales, sino fortaleciendo la base: “Si usted quiere más rapidez, donde más se necesita es en la base de la justicia: más abogados, más juzgados”, expresó.

Echazú también comparó la integración de tribunales superiores en otras provincias patagónicas. “Chubut cuenta con 6 jueces y, según el Censo 2022, tiene 592.621 habitantes. La Pampa cuenta con 5 jueces para una población de aproximadamente 361.000 personas. Neuquén tiene 5 jueces, Río Negro también 5, y Tierra del Fuego 5. Ahí es donde no me cierra en su fundamento que no haya considerado este contexto para justificar que la población de Santa Cruz requiera aumentar la cantidad de integrantes del Tribunal Superior de Justicia", detalló.

El legislador de la oposición también se dedicó a analizar el impacto presupuestario que implicaría la propuesta y reveló el monto que alcanzan los sueldos de los miembros del Tribunal Superior de Justicia. “Hoy un vocal ronda más de $14 millones; cada secretario relator, $8,5 millones; y el escribiente mayor, $3,6 millones” ,indicó, por lo que concluyó que “el costo mensual con 9 integrantes superaría los $127 millones, y el costo anual, más de $4.000 millones”.

Por último, consideró que “están tocando el bolsillo de los santacruceños” y remató que “esta plata se puede destinar a educación, salud, producción”.

La diputada del oficialismo y presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Adriana Nieto, destacó que el gobierno de Claudio Vidal, “desde campaña se propuso democratizar la justicia de Santa Cruz”.

En su intervención, respondió las críticas de Echazú y le recordó que con su voto se logró en su momento la designación del ex Ministro de Gobierno de Alicia Kirchner, Fernando Basanta, como miembro del TSJ, pese a que “no reunía los requisitos constitucionales”. Calificó a este hecho como “una vergüenza para todo el país”.

“La gente no cree en este Tribunal Superior de Justicia… Esta es una herramienta para la democratización que pregona el gobernador”, insistió Nieto.

Foto: Gentileza Ahora Calafate

El legislador de CC-ARI, Pedro Muñoz, coincidió en la necesidad de reordenar la justicia y recuperar su imparcialidad, pero reclamó abrir la discusión a actores del sistema. “El debate, más que económico, es político”, sostuvo y agregó que “No quiero una justicia kirchnerista para pasar a una justicia vidalista. La herramienta debe ser para el Estado santacruceño, no para un gobierno”.

El proyecto finalmente fue aprobado por mayoría en la Comisión de Asuntos Constitucionales y girado a la Comisión de Presupuesto, donde se evaluará con más detalle el impacto fiscal que tendrá el proyecto. Si se aprueba, se elaborará el dictamen para su eventual tratamiento en el recinto.

Actualmente, el máximo órgano judicial de la provincia está integrado por un Presidente, Daniel Mauricio Mariani, y cuatro vocales: Paula Ludueña Campos, Alicia de los ángeles Mercau, Reneé Guadalupe Fernández y Fernando Miguel Basanta.

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