5 de agosto de 2025
LITIGIO EN EEUU
Avanza el conflicto judicial por la represa Alicurá: reclaman el pago de US$732 millones
La energética AES Corporation demandó en una corte de Washington para ejecutar un fallo del CIADI contra el país por la pesificación de contratos en la concesión de la hidroeléctrica, ubicada entre Río Negro y Neuquén
El histórico conflicto por la represa hidroeléctrica Alicurá vuelve a sacudir al Estado argentino. La empresa estadounidense AES Corporation presentó una demanda en la Corte del Distrito de Columbia, en Washington, para ejecutar un laudo del CIADI que condena al país a pagar US$732 millones por la pesificación de contratos tras la salida de la convertibilidad en 2002.
La decisión del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), emitida el pasado 31 de mayo, reconoció parcialmente el reclamo iniciado por AES hace más de dos décadas. La empresa denunció que el Estado argentino alteró unilateralmente los términos contractuales de la concesión de la represa, afectando gravemente los ingresos dolarizados originalmente pactados.
Ubicada sobre el río Limay, entre las provincias de Neuquén y Río Negro, Alicurá forma parte del complejo de represas del Comahue, actualmente bajo la lupa del Gobierno nacional en el marco del plan de reprivatización del sector hidroeléctrico.
Aunque el reclamo original superaba los US$1800 millones, el tribunal arbitral del Banco Mundial resolvió una compensación de US$716 millones más intereses. Frente a este fallo, la Procuración del Tesoro analiza presentar antes de septiembre un recurso de anulación que, de prosperar, suspendería su ejecución. Sin embargo, la reciente presentación judicial en Estados Unidos por parte de AES busca acelerar el cobro, incluso mediante embargos sobre activos argentinos en el exterior.
El caso se suma a una larga lista de litigios internacionales que enfrenta Argentina. Además del laudo de Alicurá, el país arrastra condenas por US$152 millones a la constructora Webuild, un reclamo por la expropiación de YPF que supera los US$16.000 millones, y causas abiertas por contratos viales, el régimen de AFJP y la estatización de Aerolíneas Argentinas.
El nuevo frente judicial emerge en un momento particularmente sensible para el gobierno de Javier Milei, que impulsa reformas estructurales en el mercado energético, incluyendo la revisión de concesiones hidroeléctricas como El Chocón, Arroyito y Piedra del Águila, que ya suman múltiples prorrogas tras el vencimiento de contratos. La causa de Alicurá no solo podría tener un alto impacto fiscal, sino que también reaviva el debate sobre la soberanía energética y los límites de los acuerdos bilaterales firmados en los años noventa.
Mientras tanto, la represa continúa operando bajo el esquema de concesión original, pero su futuro, al igual que el de las demás centrales del Comahue, pende de un hilo en medio de un escenario judicial y político cada vez más complejo.