16 de julio de 2025
BARILOCHE
Cortés cosecha críticas al referéndum y ponen en duda su legalidad
El SOYEM impugnó la resolución firmada por el intendente por considerarla ilegal y discriminatoria. El ex jefe comunal, Marcelo Cascón, se sumó a las críticas y señaló que muchos de los proyectos se podrían haber incluido en el Presupuesto anual
El intendente de Bariloche, Walter Cortés, oficializó la convocatoria a un referéndum “popular, obligatorio y vinculante” para el 9 de noviembre con el fin de que los ciudadanos empadronados voten, por “si” o “no”, 10 proyectos de ordenanza sobre temas que el oficialismo no logró encauzar a través del Concejo Deliberante.
Sin embargo, las críticas a su iniciativa no pararon de aflorar y ponen en a mira la legalidad de la herramienta con la que el intendente busca avanzar con proyectos sobre el transporte, infraestructura, turismo, el estatuto municipal, ambiente, vivienda y patrimonio.
El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOYEM), que mantiene una fuerte enemistad con el jefe comunal, presentó una impugnación formal contra la resolución. Se trata del primer planteo institucional que cuestiona la legalidad, la validez política y la viabilidad técnica del proceso.
La impugnación fue presentada ante la Junta Electoral, el Concejo Deliberante y también fue enviada al jefe comunal. En el documento, el SOYEM advierte sobre la existencia de “vicios jurídicos sustanciales” que, según sostienen, configuran una nulidad absoluta e incluso una inconstitucionalidad en la convocatoria.
En primer lugar, el sindicato cuestiona que el municipio se ampara en legislación que no está vigente o no corresponde, para respaldar el llamado al referéndum. En ese sentido, mencionan la Ordenanza 817-CM-97, que está derogada, y la Ley Provincial Nº 2353, una norma que aplica a municipios que no tienen Carta Orgánica propia, que no es el caso de Bariloche.
Asimismo, denuncia la “usurpación de funciones” debido a que el llamado lo hizo el Ejecutivo municipal sin la intervención del Concejo Deliberante.
Por otra parte, el sindicato objetó que la resolución es discriminatoria y “viola el principio de igualdad ante la ley” porque excluye del padrón a los residentes extranjeros con ciudadanía permanente, en contraposición con lo que establece la Carta Orgánica municipal y los tratados internacionales con jerarquía constitucional.
En cuanto al temario que se pretende someter al referéndum, denunciaron falta de rigurosidad técnica porque se combinan temas de distinto nivel de complejidad en una misma boleta, que no cuentan con estudios de impacto ambiental, económico y presupuestario, que si se les exige a los proyectos que son tratados en el Concejo. Además, señalaron que algunos de los temas propuestos están judicializados, con lo que podría generarse una acción contradictoria.
Por si fuera poco, el sindicato también plantea dudas en torno a la confección de las boletas, que queda enteramente en manos del Ejecutivo sin control de la Junta Electoral. Tampoco se regula el financiamiento de las campañas ni se garantiza la equidad entre las posturas a favor o en contra.
El ex intendente de Bariloche, Marcelo Cascón, también cuestionó el referéndum popular que impulsa Cortés, y lo diferenció del que se realizó durante su gestión al frente de la municipalidad porque, en ese caso, el proyecto en cuestión –una obra vial- llegó al Concejo Deliberante, algo que no sucede en esta oportunidad.
Remarcó que una contradicción de Cortés es que en los fundamentos de la resolución se cita el artículo 163 de la Carta Orgánica, que indica que el referéndum debe ser convocado por el “Gobierno Municipal”. Sin embargo, el artículo 30 de la misma normativa define al Gobierno Municipal como la totalidad de los tres poderes: el Ejecutivo, el Deliberante y el Tribunal de Contralor, por lo que consideró que “le están haciendo firmar al intendente una contradicción en sí misma”.
También cuestionó la exclusión de ciudadanos extranjeros porque “la Carta Orgánica ya establece quiénes integran el padrón electoral en la ciudad, incluyendo tanto a ciudadanos argentinos como a extranjeros”. Asimismo, apuntó que muchos de los proyectos se podrían haber incluido en el Presupuesto anual que presenta el Ejecutivo cada año.