10 de julio de 2025
RIESGOS
Con el veto anunciado a proyectos sensibles, el Senado sesiona con una agenda opositora
El arco opositor en la Cámara Alta confía en que contará con las manos para aprobar un temario que complica al Gobierno. Desde el oficialismo esperan poder bloquear el aumento jubilatorio y la emergencia en discapacidad. Los mandatarios provinciales irán por los dos proyectos para obtener los recursos que la Rosada les niega.
La oposición en el Senado buscará, este jueves desde las 14.00, tratar una agenda que incluye la recomposición de las jubilaciones, la declaración de emergencia en discapacidad y la automatización del giro de aportes a las provincias.
Con respecto a este último punto y de cara a la sesión, la oposición confía en lograr los votos necesarios ante la fuerte adhesión de senadores alineados con gobernadores dispuestos.
De esta manera, los mandatarios provinciales y sus respectivos legisladores impulsarían el quórum para avanzar en la sesión del día.
Javier Milei no sólo alertó con vetar todas las medidas, sino que además advirtió que si el Congreso insiste y logra evadir el veto, su Gobierno está listo para recurrir a la Justicia para resguardar el marco constitucional. Sostuvo que así podrá demostrar que estas maniobras son “daños transitorios”.
Los proyectos que rechaza la Casa Rosada
El foco de la agenda opositora en el Senado es sancionar el aumento a las jubilaciones, la nueva moratoria previsional y la ley de emergencia en discapacidad, que ya fueron aprobadas en junio por la Cámara de Diputados.
La ley jubilatoria, apoyada por algunos sectores opositores, implica un aumento real del 7,2% para todos los haberes y pensiones, y una suba del bono, que pasaría de $70.000 a $110.000 y se actualizará por inflación.
También fue avalada en la Cámara baja la restitución por dos años de la moratoria previsional, el sistema que permite que personas sin los 30 años de aportes puedan comprar los saldos faltantes para acceder al haber mínimo.
En tanto, la emergencia en discapacidad se extendería hasta el 31 de diciembre de 2027, más allá del final del actual Gobierno, y reformula las pensiones no contributivas, actualiza aranceles y prevé compensaciones económicas.
La iniciativa respaldada por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, y que logró el apoyo de sectores dialoguistas, busca incorporar a la ley permanente de Presupuesto un artículo que establece que “los recursos que correspondan distribuir al régimen del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias” se transfieran “en forma diaria y automática”.
El segundo proyecto, aún sin dictamen, elimina fideicomisos y reemplaza parte del articulado del impuesto a los combustibles para redistribuir su recaudación: 14,29% al Tesoro Nacional, 57,02% a las provincias y 28,69% al Sistema Único de Seguridad Social, destinado a cubrir obligaciones previsionales nacionales.