25 de junio de 2025
RIO NEGRO
Denunciaron penalmente a Darwin y General Conesa por seguir notificando multas anuladas por ley
Los legisladores provinciales de la CC-ARI Acevedo y Frugoni acusan a ambas intendencias de incumplir la legislación provincial que anuló infracciones de tránsito emitidas antes de julio de 2024
Los legisladores provinciales Javier Acevedo y Fernando Frugoni presentaron este martes denuncias penales contra los municipios de Darwin y General Conesa por continuar enviando intimaciones a conductores por infracciones de tránsito que, según la Ley Provincial N° 5.726, se encuentran anuladas. Las presentaciones fueron radicadas en las fiscalías correspondientes de Choele Choel y Viedma, y apuntan a la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
La Ley N° 5.726, sancionada y promulgada en julio de 2024, declara la nulidad de todas las actas de infracción labradas con anterioridad a su entrada en vigencia, con excepción de aquellas relacionadas con el transporte de arena silícea para actividades industriales. En su artículo 4°, la norma ordena el archivo de oficio de dichas actas por parte de los juzgados de faltas.
Según indicaron los legisladores, en mayo de 2025 los municipios de Darwin y General Conesa enviaron nuevas intimaciones sobre presuntas infracciones cometidas en octubre y noviembre de 2023, es decir, anteriores a la promulgación de la ley. Junto con las denuncias, se adjuntó documentación que acreditaría la continuidad de estas notificaciones pese a lo dispuesto por la normativa vigente.
Acevedo y Frugoni señalaron que los sistemas de radares instalados por estos municipios, al margen del esquema regulado por la Agencia Provincial de Seguridad Vial, fueron concebidos con un objetivo netamente recaudatorio y sin criterios claros de prevención o legalidad. En ese sentido, remarcaron que las infracciones carecían de señalización adecuada, control institucional y homologación técnica.
Los legisladores destacaron que tanto Darwin como General Conesa fueron formalmente notificados por la Agencia de Seguridad Vial sobre la invalidez de las actas emitidas antes de julio de 2024, y advirtieron que la persistencia en el cobro podría configurar un incumplimiento deliberado de una ley aprobada por unanimidad en la Legislatura provincial.
La denuncia solicita que se investigue la conducta de los funcionarios responsables en ambos municipios y, de corresponder, se promuevan las imputaciones previstas en el artículo 248 del Código Penal. Las actuaciones quedaron a cargo de las fiscalías competentes.