25 de junio de 2025
CRISIS LANGOSTERA
Sin acuerdo, se profundiza el conflicto pesquero y alertan pérdidas millonarias si no cambian las condiciones
Mientras marineros del SOMU se movilizan de Puerto Madryn a Buenos Aires, el empresario Fernando Álvarez Castellano advirtió que operar con las reglas actuales implicaría repetir pérdidas por más de 15 millones de dólares
El conflicto que mantiene paralizada la temporada de langostino en aguas nacionales desde hace más de tres meses atraviesa un punto crítico. Sin avances en las negociaciones entre el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y las cámaras empresarias, y con la flota congeladora prácticamente detenida, las pérdidas económicas se acumulan y la incertidumbre aumenta.
En ese marco, Fernando Álvarez Castellano, titular de la empresa Conarpesa, alertó públicamente sobre el impacto económico de iniciar la zafra bajo las mismas condiciones salariales y operativas que en años anteriores. “El año pasado perdí 15 millones de dólares.
Si salgo ahora a pescar con los mismos costos, la pérdida sería igual o peor. No voy a exponer a 1.300 familias a un escenario insostenible”, advirtió el empresario, quien presentó un balance financiero con esos números para justificar la inactividad de su flota.
Según detalló, el 60% del costo operativo de cada barco corresponde a salarios de tripulantes, a lo que se suman insumos, litigios, reparaciones y otros gastos. “El negocio no es rentable con este esquema. No podemos seguir pagando sueldos de 10 a 12 mil dólares por mes por marea cuando el valor internacional del langostino cayó. Hoy se vende a menos de 18 dólares la caja de dos kilos”, explicó.
Álvarez Castellano defendió la propuesta de ajustar parcialmente las liquidaciones salariales para sostener la actividad y apuntó contra el SOMU por su negativa. También reclamó que el sindicato “muestre su balance” y rindan cuentas sobre los fondos recaudados, insinuando que parte del conflicto tiene un trasfondo político. “Yo ya mostré los números. Ahora quiero ver los de ellos”, remarcó.
Mientras tanto, desde Puerto Madryn partieron este miércoles colectivos con trabajadores del SOMU rumbo a la Ciudad de Buenos Aires. La conducción local, alineada con el sector nacional de Raúl Durdos, resolvió trasladar la protesta a la capital para visibilizar el conflicto a nivel nacional. “No estamos pidiendo aumentos, solo pedimos que no se toquen los convenios colectivos”, señaló el dirigente Mario Valenzuela.
En paralelo, se desactivaron los bloqueos en el Parque Industrial Pesquero y en el ingreso al muelle Almirante Storni, una medida que busca reforzar el canal de diálogo sin abandonar el plan de lucha.
En el trasfondo de la disputa, persiste la falta de acuerdo sobre el esquema de liquidación del ítem producción, principal componente salarial de los tripulantes de la flota congeladora. Las cámaras empresarias insisten en que la estructura de costos actual vuelve inviable el negocio, mientras que el SOMU se niega a aceptar reducciones que considera “encubiertas” y que afectarían los ingresos de los trabajadores.
Desde el sindicato también crece el malestar con su propia conducción. Sectores internos reclaman mayor presencia en la Patagonia de los referentes nacionales Durdos y Navarro, y cuestionan la falta de transparencia en el manejo sindical. Algunos afiliados incluso interpretaron como una maniobra dilatoria el anuncio de la suspensión del pago de la cuota sindical, al vincularlo con una posible postergación del proceso electoral interno.
El conflicto no muestra señales de resolución inmediata. La última reunión en el Ministerio de Capital Humano se realizó la semana pasada, sin avances. No hay nueva fecha de encuentro, y la prospección que estaba prevista también fue suspendida. En la práctica, junio se da por perdido para la flota congeladora.
El inicio de la temporada bajo las actuales condiciones operativas aparece como un escenario cada vez menos probable. Empresarios, como Álvarez Castellano, advierten que seguir en actividad podría provocar un colapso financiero. Desde el SOMU, por su parte, insisten en que no aceptarán reducciones salariales y rechazan cualquier intento de modificar los convenios laborales.