23 de junio de 2025
RIO NEGRO
Piden reglamentar la ley provincial de capacitación obligatoria en discapacidad
La CC ARI reiteró el reclamo por la falta de implementación de la Ley L Nº 5639, aprobada en 2023. Aseguran que el Ejecutivo aún no dio respuesta
El bloque legislativo de la Coalición Cívica ARI en Río Negro presentó un nuevo proyecto de comunicación para exigir al Poder Ejecutivo la reglamentación urgente de la Ley L Nº 5639, que establece la capacitación obligatoria en discapacidad para todo el personal de la administración pública provincial.
La norma fue sancionada en marzo y promulgada en abril de 2023, y su objetivo es incorporar una perspectiva inclusiva y de derechos en el accionar del Estado. Sin embargo, más de un año después, la ley aún no fue reglamentada, lo que impide su implementación efectiva.
Desde la CC ARI señalaron que ya habían presentado un pedido similar que fue aprobado por la Legislatura el 31 de octubre del año pasado, pero advirtieron que el Ejecutivo provincial no avanzó en ningún paso concreto. Por ello, insistieron con un nuevo reclamo formal. “Es urgente que el Estado cumpla con su responsabilidad de formar a sus agentes públicos bajo el enfoque de derechos que plantea la Ley 5639”, señalaron los autores del proyecto.
Además, recordaron que en diciembre de 2024 varias organizaciones que integran la Red Provincial de Instituciones Rionegrinas de Discapacidad —entre ellas CEA, Familia Neurodiversa, Apasido, Faro Patagónico y Hacemos Accesibilidad— enviaron una nota formal al vicegobernador Pedro Pesatti para visibilizar la necesidad de formación estatal en la materia e invitar a una charla informativa sobre el tema.
Desde el bloque remarcaron que la capacitación en discapacidad es una deuda del Estado con un sector históricamente invisibilizado. “La reglamentación es el primer paso para transformar en hechos concretos una legislación que apunta a construir una administración pública más accesible, inclusiva y respetuosa de la diversidad”, afirmaron.
El proyecto presentado vuelve a encender la alarma sobre una política pública que fue aprobada por consenso, pero que sigue estancada por falta de voluntad ejecutiva. Las organizaciones y las familias que luchan por los derechos de las personas con discapacidad reiteran que no hay más margen para la dilación.