Jorge Miquelarena, Procurador General de la Provincia, firmó una resolución a través de la cual retrotrae el aumento salarial del 10% sobre el total de las remuneraciones a partir de febrero del 2025. Sebastián Daroca, Defensor General, habría tomado la misma decisión

Aumentos en el STJ: el Procurador General retrotrajo sus incrementos salariales

Son semanas de tensión y escándalo en el Poder Judicial de Chubut luego de conocerse la decisión de los miembros del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la Provincia de incrementar los denominados “gastos de investidura” del 10% al 35% o hasta el 50% dependiendo del caso. Se trata de los acuerdos plenarios 5412/2025 y 5468/2025 que lleva las firmas de Ricardo Napolitani, Javier Raidán, Andrés Giacomone, Camila Banfi Saavedra, Silvia Bustos y Laura Catalán.

De acuerdo al documento al que tuvo acceso La Tecla Patagonia, los ministros del Superior Tribunal de Justicia decidieron modificar varios artículos del acuerdo plenario 2797 del año 1989 mediante el cual se establecen los montos que deben percibir tanto ellos como el Defensor General y el Procurador General en concepto de “gastos de investidura”, es decir, relacionados a su función. Se trata de gastos reservados que no requieren de rendiciones de cuentas y que desde el gremio Sitrajuch sostienen que va directo a los sueldos de los ministros.

En este contexto, en las últimas horas se difundió una resolución firmada por el Procurador General de la Provincia, Jorge Miquelarena, a través de la cual retrotrae el aumento salarial del 10% sobre el total de las remuneraciones a partir de febrero del 2025. Sebastián Daroca, Defensor General, habría tomado la misma decisión.

En la resolución, Miquelarena recuerda la vigencia del Acuerdo Extraordinario número 2797 del año 1989, que le otorgaba al Procurador General “una suma de dinero mensual, liquidada para atender a erogaciones propias de la investidura, importes que se imputan a la partida principal, gastos sin discriminar”.

“Dichos importes se encuentran previstos en las respectivas leyes de presupuesto del Poder Judicial, se determinan, liquidan y abonan de conformidad con las leyes que regulan la administración financiera del Estado e integran el cierre de cuentas que se presenta año a año ante el Tribunal de Cuentas”, añade el funcionario en el documento.

Agrega que “el 9 de mayo de 2025 se dictó por resolución conjunta con la Defensoría General un acto expreso de adhesión a los gastos de representación, vista la nueva interpretación cursada por el Superior Tribunal de Justicia sobre las competencias propias de los ministerios públicos en el punto 2 c) del Acuerdo Plenario 5454/2025 bis”, y menciona “con motivo de las circunstancias imperantes, mediante nota número 28/25 PG se ordenó a la Dirección de Administración suspender los efectos de la Resolución 86/25” de la Procuración General, “hasta tanto se diera adecuada respuesta a la situación”.

Finalmente, resolvió “retrotraer los efectos de las modificaciones dispuestas al art. 3 del Acuerdo Extraordinario número 2797/89 por el art. 1 del Acuerdo Plenario número 5412/2025, con efectos desde el 1 de febrero de 2025, determinando el adicional que corresponde al Procurador General en el 10% sobre el total de las remuneraciones, excluido el rubro antigüedad para atender erogaciones propias de la investidura, que se imputará a la partida principal, gastos sin discriminar”.

Gentileza: Diario Jornada

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