La Asociación de Trabajadores Judiciales de la Provincia publicó un mapa de denuncias realizadas contra funcionarios del sector por hechos como violencia laboral, abuso de autoridad e irregularidades. De quiénes se trata

Escándalo por denuncias de violencia laboral y abuso de poder de jueces y fiscales

Se desató un escándalo en Santa Cruz a partir de una publicación de la Asociación de Trabajadores Judiciales de la Provincia, que difundió un mapa de denuncias contra funcionarios del sector -jueces, fiscales, entre otros- por hechos como violencia laboral, abuso de autoridad e irregularidades de índole administrativa. De quiénes se trata.

Las Heras: el juez Eduardo Quelin fue denunciado por violencia contra personal y secretarios, quienes pidieron sus pares ante la inacción del Tribunal Superior de Justicia. Hubo pedido de jury por abuso de autoridad y mal desempeño.

Caleta Olivia: la jueza Rosa González fue denunciada por violencia, como también así sus secretarias. Recibió un llamado de atención por regulaciones de honorarios que no correspondían.

Pico Truncado: el juez Marcelo Figueroa fue denunciado por violencia laboral. Además, el magistrado Leonardo Cimini fue denunciado por violencia laboral, la cual trajo consecuencias psicológicas para los trabajadores. La inacción del TSJ los obligó a pedir ser transferidos a otras dependencias. También hubo irregularidades en la función de los jueces.

El Calafate: la secretaria Ariana Granero tuvo denuncias por violencia sin ninguna sanción.

Puerto Santa Cruz: la jueza Noelia Ursino y el secretario Daniel Albornoz tuvieron denuncias por maltrato y fueron sancionados con inicio de sumario. El secretario renunció a su cargo.

Río Turbio: la jueza Betina Bustos tuvo pedido de jury por violencia laboral y múltiples por abuso de autoridad.

Río Gallegos: El miembro del Tribunal Superior de Justicia, René Fernández tuvo un pedido de jury por violencia laboral e ignorancia del derecho. La defensora Adriana Peralta tuvo reiteradas denuncias por violencia laboral. La jueza Cecilia López tuvo denuncias por acoso laboral. La defensora Camila Rummi tuvo denuncias en su contra por irregularidades y violencia laboral. La magistrada Marcela Quintana tuvo pedido de jury por mal desempeño. Finalmente, el fiscal José Chan tuvo pedido de sumario y fue nombrado en un caso de narcotráfico.

Desde el gremio que publicó la información señalaron en redes sociales: “El Sindicato de Trabajadores Judiciales recuerda que ha sido y sigue siendo como política institucional de la organización denunciar toda situación que involucre a magistrados o funcionarios que no cumplan con los estándares éticos de sus cargos. Lamentablemente, muchas de estas denuncias no han tenido seguimiento efectivo por parte de los organismos competentes”.

Además indicaron: “La organización gremial reafirma su compromiso histórico con la transparencia del sistema de Justicia, la independencia del Poder Judicial frente a intereses políticos y la denuncia de cualquier acto de corrupción o abuso de poder. Para el sindicato, una justicia verdaderamente al servicio de la sociedad solo es posible cuando se respetan los canales institucionales y se garantiza el derecho de defensa, principio fundamental del sistema democrático”.

Y concluyeron: “Así como los ciudadanos deben responder ante la Justicia, los magistrados y funcionarios judiciales deben someterse a los procesos de jury o juicios políticos correspondientes, sin privilegios ni tratos especiales. El sindicato continuará exigiendo respuestas concretas sobre estos casos y acompañando a los trabajadores judiciales en su legítimo reclamo por condiciones laborales dignas y libres de violencia”.

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