La “Operación Roca” para usar a los militares en seguridad interior despertó críticas dentro y fuera del espectro liberal y un pedido de informes. Ahora, Milei sumó 25.000 millones a la Secretaría de Inteligencia, un tercio de ellos sin control.

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Los últimos avances del gobierno de Javier Milei en las facultades de la Fuerzas Armadas y la SIDE encendieron las alarmas en la política y en organizaciones de derechos humanos.

La “Operación Roca”, por la que se despliega a más de un millar de efectivos del Ejército en el norte del país, y que los autorizaría a detener a civiles sin orden judicial previa y a asumir otras tareas propias de la policía, fue fuertemente criticada no sólo desde el otro lado del espectro ideológico, sino también por exaliados que comparten una base de idas con el gobierno libertario, como el ex ministro de Economía Ricardo López Murphy.

Desde distintos sectores de la política y desde organizaciones de derechos humanos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se advirtió que la Operación Roca, dispuesta por el ministro de Defensa, Luis Petri, a través de la resolución 347/2025, viola la Ley de Seguridad Interior.

La diputada nacional Agustina Propato, de Unión por la Patria (UxP), elevó al Poder Ejecutivo Nacional un pedido de informes sobre la polémica iniciativa, para que brinde explicaciones pormenorizadas sobre su alcance y características.

“La decisión del gobierno tiene ecos preocupantes de etapas autoritarias de nuestra historia reciente”, dijo Propato.

Agustina Propato

Legisladores de diferentes bancadas plantearon convocar a una sesión especial para que se trate el tema.

Por otra parte, Milei avanzó en dotar de más recursos sin control a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), con la reasignación de partidas por 25.000 millones de pesos, un tercio de ellos de carácter reservado, es decir, sin la posibilidad de auditoría.

El organismo que conduce Sergio Neiffert, pero que depende, aunque informalmente, del poderoso asesor Santiago Caputo, parte del círculo íntimo del Presidente, recibirá así una fuerte inyección de fondos, parte de los cuales no se sabrá en qué se utilizan.

Sergio Neiffert y Santiago Caputo

“El Gobierno reasignó $25.000 millones para inteligencia y amplió gastos reservados a 8000 sin rendir cuentas. ¿Queda algo para jubilados y discapacidad, que desde febrero de 2023 no se actualizan los montose? Auditemos pero no abandonemos al que necesita”, manifestó la diputada nacional Marcela Campagnoli, de la Coalición Cívica / Afirmación para una República Igualitaria (CC-ARI).

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