28 de marzo de 2025
SANTA CRUZ
Tensión en el Poder Judicial Provincial por la presidencia del Consejo de la Magistratura
La FJA expresó su apoyo al gremio de Judiciales de Santa Cruz en su rechazo a la medida cautelar que intenta frenar el cambio en la presidencia del Consejo de la Magistratura, advirtiendo que se trata de una maniobra arbitraria que vulnera la institucionalidad y el funcionamiento del Poder Judicial en la provincia
La Federación Judicial Argentina (FJA) expresó su respaldo al gremio de Judiciales de Santa Cruz ante el intento de desplazar a la presidenta del Consejo de la Magistratura, María Cristina Riera, quien fue designada conforme a los mecanismos establecidos en la Constitución y las leyes provinciales. La entidad sindical calificó la maniobra como arbitraria e inconstitucional, advirtiendo sobre el riesgo que implica para la estabilidad institucional.
El conflicto se desató luego de que la jueza de Familia N°3 de Río Gallegos, Cecilia López, dictara una medida cautelar suspendiendo la aplicación de artículos clave de la Ley 3.910, aprobada por la Legislatura provincial aprobada a mediados del año pasado y que regula el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Según el gremio de Judiciales, el fallo busca restablecer parcialmente la vigencia de la derogada Ley 2.552, afectando la conformación del órgano judicial y su dirección.
La medida judicial fue cuestionada por la FJA y el gremio de trabajadores judiciales, que señalaron que el proceso de designación de Riera se realizó dentro del marco legal. La presidencia del Consejo de la Magistratura quedó vacante tras la renuncia indeclinable del Dr. Mauricio Mariani, y su reemplazo debía efectuarse según la normativa vigente. Judiciales subrayó que Mariani no tiene legitimidad para continuar en el cargo y que su lugar debería ser ocupado por el suplente designado por el Tribunal Superior de Justicia.
Desde el sector gremial advirtieron que la resolución de la jueza López implica una interferencia en el normal funcionamiento del Consejo de la Magistratura y representa una manipulación del Poder Judicial con fines políticos. Además, señalaron que este fallo guarda similitudes con otra medida cautelar relacionada con el Tribunal de Enjuiciamiento, sosteniendo que en ambos casos se evidencia una obstaculización de la democratización del Poder Judicial.
El gremio exigió el cese inmediato de la cautelar y llamó a respetar el marco legal vigente para garantizar la institucionalidad y el correcto funcionamiento del Poder Judicial en la provincia.