18 de febrero de 2025
RIO NEGRO
Revés judicial para el intendente de Allen por el cobro de las tasas municipales
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la Provincia resolvió en las últimas horas que Marcelo Román deberá reintegrar a los contribuyentes el 50% de los tributos cobrados en el 2024
El intendente de Allen, Marcelo Román (La Libertad Avanza) sufrió un duro revés judicial en las últimas horas. Es que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia de Río Negro resolvió que el jefe comunal deberá reintegrar a los contribuyentes de la localidad el 50% de las tasas municipales cobradas durante el 2024.
“El conflicto de poderes debe dirimirse a favor del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Allen, quien ostenta la competencia en materia impositiva”, se describió en el fallo del STJ que tuvo los votos de los jueces Sergio Barotto, Sergio Ceci y Ricardo Apcarian.
El máximo organismo judicial también declaró “la nulidad de las resoluciones número 2052/2023 y 018/2024 del Poder Ejecutivo Municipal de Allen y de la resolución número 001/2024 sancionada por la entonces presidenta del Concejo Deliberante (Valeria Bezic), por haber sido dictadas en exceso de sus respectivas competencias, invadiendo facultades propias del Concejo Deliberante Municipal y soslayando el debido procedimiento”.
Vale recordar que la decisión del intendente Román de cambiar la modalidad de cobro de impuestos (de bimestral a mensual) generó un aumento considerable en las tasas municipales, lo cual derivó en la ordenanza del Concejo Deliberante que terminó transitando en andenes judiciales.
El cuerpo legislativo aprobó una ordenanza que obligaba a recalcular las tasas municipales. No obstante, el municipio judicializó la medida, argumentando que no se habían respetado competencias del Ejecutivo.
El fallo del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia rechazó la postura del intendente Román y ratificó la validez de la ordenanza del Concejo Deliberante, declarando nulo el accionar tanto del Ejecutivo como de la entonces presidenta del cuerpo (Bezic). La resolución impone una carga financiera de $2.000.000 en honorarios legales.