10 de octubre de 2013
COPARTICIPACIÓN
El polémico reparto de fondos
Los intendentes chubutenses salieron con los tapones de punta a pedir mayores recursos. La judicialización del reclamo y los factores que influyen en la distribución de partidas que en algunos casos se ha vuelto discrecional
El reparto de fondos en la provincia del Chubut generó un cimbronazo de reclamos y los intendentes salieron con los tapones de punta. Distribución discrecional, favores políticos y viejos reclamos se avivaron generando un nuevo dolor de cabeza para la gestión del gobernador Martín Buzzi. Aliados y opositores dieron su opinión y exigieron lo que les corresponde. La palabra de los jefes comunales y el silencio de los funcionarios provinciales se suman al condimento de la judicialización.
Los intendentes de la Provincia solicitaron envalentonados un incremento en la coparticipación, como también el pago de abultadas deudas y la discusión de una nueva normativa que regularice la distribución de fondos. Asimismo, dieron a conocer los inconvenientes que genera en cada una de sus comunas la falta de recursos que llega a cuentagotas, en algunos casos, desde Fontana 50.
No cabe duda de que esta discusión tiene ganadores y perdedores; y ninguna de las comunas quiere resignar lo que le corresponde. La coincidencia de los jefes comunales, independientemente de su postura política, es que debe debatirse un nuevo régimen coparticipable.
La defensa de sus localismos juega un rol importante, y las ciudades petroleras defienden con uñas y dientes lo que aportan a las cuentas provinciales a pesar de no ser correspondidas en igual medida. Lo mismo sucede con nuevos planteos en la generación de recursos, como los hídricos, provenientes de la zona de la Cordillera, más precisamente, en la discusión de un nuevo marco que permita distribuir nuevos fondos favoreciendo a los municipios que lo aportan; como también el tema de las regalías.
Uno de los primeros mandatarios locales en reprochar el tema de la coparticipación, además de defender los recursos que aporta su comuna, fue el comodorense Néstor di Pierro. Desde el comienzo de la gestión de su antecesor (Martín Buzzi) al frente de la Provincia, reclamó a viva voz, más fondos para la localidad petrolera. El argumento de su encendida solicitud radica en los recursos hidrocarburíferos que aporta a las arcas estatales, como así también la defensa de su comuna frente al regionalismo planteado desde otros lugares. “Deberíamos discutir por el ciento por ciento que pone la ciudad, porque hoy en día, el 84 por ciento se lo queda otro” subrayó Di Pierro.
Lo mismo le sucede a intendentes de la Cordillera como es el caso del esquelense Rafael Williams, quien no dudó en destacar que hace tiempo viene reclamando una nueva discusión de la distribución de fondos coparticipables. Estas palabras también fueron similares a las utilizadas por el mandamás de la localidad de Cholila, Héctor Castro, quien no dudó en destacar que fue uno de los primeros en abrir el debate, aunque subrayó que este no es el momento político ni económico de la Provincia.
Estas diferencias en el reparto de recursos fueron lo que llevaron al intendente de la localidad de Puerto Pirámides, Alejandro Albaini, a reclamar su parte de la torta. En un duro cruce de palabras, la titular del ministerio de Economía, Gabriela Dufour, había señalado: “Lo que reclama el intendente de Pirámides es la coparticipación federal, pero en realidad cuando esta comuna se transformó en Municipio, en 2003 se tendría que haber hecho una ley otorgándole un coeficiente como tiene cualquiera de las demás municipalidades, por eso si él quiere empezar a cobrar esto debería promover un cambio legislativo” la Justicia terminó dando la razón al Jefe comunal y obligó a la Provincia a pagarle lo adeudado, situación que significó un desembolso millonario que tuvieron que acatar los funcionarios en Rawson.
Este hecho se convirtió en la punta de lanza para que otros pares (aliados y opositores al gobierno provincial) reclamaran lo que les corresponde y así lo hizo el madrynense Ricardo Sastre, quien sin tapujos declaró: “La deuda que la Provincia mantiene con el Municipio supera los 700 millones de pesos” y en este contexto volvió a repetir que no se pondrá en jaque al Ejecutivo Provincial y que intentarán llegar a un acuerdo, pero se mostró molesto ante la falta de respuestas después de haber “agotado todas las instancias de diálogo”.
¿De qué lado estás?
La pertenencia partidaria y afinidad política con el gobierno de turno juega un factor importante al momento de distribuir los recursos que son vitales para el funcionamiento de las cuentas en cualquier Municipio.
En distintas gestiones los “amigos del poder” fueron los más beneficiados en el reparto de fondos, no sólo los coparticipables, sino en otros conceptos que despertaron en más de una oportunidad un manto de sospecha por la discrecionalidad por la que fueron otorgados.
Esta situación fue uno de los principales argumentos que señalaron lo jefes comunales para discutir un nuevo régimen. En la actualidad, municipios como Puerto Madryn y Puerto Pirámides, cuya postura es abiertamente opositora a la gestión de Martín Buzzi son los menos favorecidos. La coincidencia de estos últimos intendentes generó todo tipo de especulaciones, ante la repartija de fondos, ya que los alcaldes son parte de la escolta del ex gobernador y candidato a diputado nacional, Mario das Neves, hoy enfrentado con el Frente para la Victoria y duro opositor del gobierno nacional y provincial.
El factor poblacional
La normativa que regula el reparto de fondos en la provincia del Chubut establece que se destine a las municipalidades y comisiones de fomento el siete por ciento de las sumas percibidas en concepto de coparticipación de Impuestos federales. De esta cifra, el monto resultante se liquidará entre las municipalidades de acuerdo con el índice, que se determinará de la siguiente manera: el 20% en partes iguales; y el 80% en relación directa a la población.
Por tal motivo, el incremento de la población en la Provincia no es un factor menor al momento de realizar reclamos, aunque para algunos intendentes, esta cuestión se transformó en un dolor de cabeza.
Según indica la ley, en la distribución de fondos juega un factor importante la cantidad de ciudadanos de cada ciudad o pueblo. Y varios de los intendentes demostraron ser capaces de censar, en caso de ser necesario, a su población, para dar cuenta a las autoridades de la Provincia que las estadísticas difieren de los fondos que reciben, por esa línea se manifestaron los intendentes de Comodoro Rivadavia y de Cholila, respectivante.
La posibilidad de contar uno por uno a los comodorenses siempre estuvo en la mente del Jefe comunal, incluso durante su campaña electoral. Tiempo atrás, Di Pierro había manifestado a La Tecla Patagonia “Comodoro está en una situación complicada, si uno ve los indicadores hay un incremento de su población desde 2006”. Sin embargo, esta posibilidad queda desestimada en la ley de Coparticipación que indica en su artículo 3 que “los datos de población se referirán al último censo oficial disponible y no se utilizarán cifras que resulten de extrapolaciones a períodos posteriores a los del censo más reciente”, y así lo reconoció el propio Intendente al manifestar que “hay que hacerlo indefectiblemente con el Indec, porque no hay otra manera de que tenga validez jurídica”.
En similar situación se encuentran las principales ciudades de la Provincia, como es el caso de Puerto Madryn, que tuvo un crecimiento poblacional superior a lo que reflejan las estadísticas. Lo contrario le ocurre a Trelew, que en caso de reverse esta cuestión perdería el incremento de recursos (ya que no puede disminuir el valor nominal de lo percibido) y dejaría de recibir seis millones de pesos, según confirmó el intendente de esa comuna, Máximo Pérez Catán.
El oro negro
Si bien la Provincia no afronta una crisis financiera, los números comenzaron a debilitarse, y el frágil equilibrio financiero complica cualquier erogación de fondos. El conflicto desatado en Cerro Dragón a mediados de 2012 complicó seriamente las arcas chubutenses, y en igual proporción, afectó a los fondos destinados a los municipios, ya que parte de éstos corresponden a regalías hidrocarburíferas.
La caída de la producción y la lenta recuperación de la misma impactaron de manera considerable en el destino de recursos enviados a las comunas, por eso se vio con beneplácito el nuevo Marco Regulatorio Hidrocarburífero que tiene en cuenta la asignación de puntos directos de regalías extraordinarias para los municipios de la cuenca, como también la renegociación de los contratos petroleros, que implicaría una importante inyección monetaria a las cuentas chubutenses, como fue el caso reciente con la empresa Tecpetrol.
Mientras los funcionarios provinciales se llaman al silencio, los intendentes no piensan dar el brazo a torcer en la pelea por los fondos que le corresponden y reavivan los reclamos que no reconocen simpatías políticas.
Del otro lado, y según denuncian fuentes consultadas por La Tecla Patagonia, están los pedidos de “apoyo político” por parte de la Provincia, en medio de la campaña electoral para obtener más beneficios. Algunos díscolos ya fueron a la Justicia o amagan hacerlo, y no es descabellado pensar que pueda tener un efecto rebote en varias administraciones locales que a duras penas cuentan con los fondos para hacer frente a sus compromisos y obligaciones.
La afinidad con Fontana 50 pasó a ser un factor determinante en la llegada de recursos a cada uno de los municipios en tiempo y forma. La necesidad de fondos no reconoce simpatías al momento de llevar adelante obras esenciales, como así sostener las ajustadas cuentas locales. El debate está instalado y cada vez se suman más voces a un reparto equitativo de la coparticipación.
La nota completa en el Revista La Tecla Patagonia número 158