A pesar del cambio de dirección política que se produjo en la provincia sureña, La obra social de los empleados públicos todavía sigue enfrentando múltiples adversidades que no han permitido encarrilar un funcionamiento óptimo

Después de un año y medio de darse por terminada una intervención que se prolongó por más tres décadas y a más de 4 meses de que en Santa Cruz la política diera un nuevo giro con la asunción de Claudio Vidal en la gobernación -que significó el fin de la hegemonía K-, en la Caja de Servicios Sociales (CSS) de la Provincia todavía persiste una crisis que sigue poniendo en jaque la calidad del servicio de salud que reciben los empleados estatales.

En diciembre, el contador Sergio Pérez Soruco fue nombrado como presidente de la obra social y antes de finalizar el 2023, desde el Ejecutivo provincial revelaron que la deuda de la entidad con prestadores y proveedores en distintos rubros se elevaba a unos 14.000 millones de pesos, siendo un indicio de la constante operatividad deficitaria del organismo.

En este sentido, el vocal por activos, Hugo Jerez, le indicó a La Tecla Patagonia, que en cuanto el funcionamiento financiero de la CSS, en febrero la relación entre gastos e ingresos dejó un saldo negativo de 2.400 millones de pesos, y que en marzo, ese número se redujo a la mitad, en unos 1.200 millones.

Sobre los números de operatividad, en los últimos años se puso foco la deuda histórica que los municipios tienen con la obra social. En varias ocasiones, no solamente desde la entidad, sino desde el arco político han expresado que el problema de trasfondo está relacionado al régimen coparticipativo de la Provincia, ya que señalan que si se cambiara la forma en la que se distribuyen los fondos, se le podría facilitar a las comunas la adopción de mecanismo para restituir los aportes correspondientes. Sin embargo, la idea de tener una nueva coparticipación se viene dilatando desde al menos 2019.

De acuerdo a las últimas cifras trascendidas, las comunas acumulan una deuda total de 42.000 millones de pesos, con la capital de Río Gallegos, teniendo pagos pendientes superiores a los 12 mil millones, seguido de Caleta Olivia con 9.500 millones y el resto de municipios adeudando de 1.000 a 2.000 millones, a excepción de El Chaltén, cuya deuda roza los 120 millones de pesos. En ese marco, las poblaciones más pequeñas – Comisiones de Fomento- deben entre 40 y 80 millones cada una.

Hace unas semanas, en declaraciones radiales, el mismo Pérez Soruco, había comentado que los aportes de los municipios corresponden al 23% del padrón de los afiliados, expresando cierto malestar porque las propias localidades eran las grandes demandantes de servicios y advirtiendo que es un delito penal la retención de esos fondos.

El presidente de la CSS también aseguró que la obra social redujo la cantidad de medicamentos ambulatorios para los afiliados de 20 a 7 y que se encontraba ajustando financieramente en relación a los derivados a la ciudad de Buenos Aires, ya que se reemplazaron las cadenas hoteleras y los prestadores de salud para los pacientes. Esto después del conflicto con la empresa Libertadores S.A., a la que el funcionario tildó de “extorsionadores” después de que emitieran una orden para desalojar a los afiliados en enero pasado.

Si bien el contexto económico, tanto a nivel provincial como nacional, no ayuda a la situación de la CSS, desde hace un par de meses se empezó a hacer evidente el mal momento institucional que atraviesa el organismo. Es que la concejal radical de Río Gallegos, Daniela D’Amico en marzo pasado presento un proyecto de resolución “a fines de arbitrar los medios a fin de acelerar el proceso de transición para designar un equipo técnico al frente de la Caja de Servicios Sociales, con un perfil más orientado a brindar una atención más empática a los afiliados”.

En los fundamentos del texto, se afirma que la iniciativa se debe a unas declaraciones del vicegobernador, Fabian Leguizamón, en las que manifestó sus intenciones de cambiar la directiva de obra social en 60 días y darle una orientación más medica a la conducción, en vez de la dirección contable actual.

A inicios de abril, el proyecto fue aprobado por unanimidad por el Concejo Deliberante de la ciudad capital, lo que significó que hasta los ediles del partido SER, fuerza que nuclea la actual coalición de Gobierno Provincial, estuvieron de acuerdo con el desplazamiento de un funcionario nombrado por el Gobernador.

En respuesta a los concejales, el contador emitió un comunicado expresando su inconformidad con la resolución, le recordó sobre la deuda del municipio e indicó que “esta Caja no solo dialoga con sus vocales representantes de los activos y pasivos, sino que también es de puertas abiertas tanto para sus beneficiarios como para recibir a los concejales y concertar medidas rápidas y oportunas de saneamiento necesario”.

No obstante, desde la CSS comentaron a La Tecla Patagonia que el accionar de la concejal se trato más bien de un pedido de informes y que por los dichos del vicemandatario, no se ha realizado ninguna presentación legal para reemplazar al equipo directivo.

De igual modo, este medio trató de coordinar un contacto más estrecho con Sergio Pérez Soruco, de quien comunicaron complicaciones por motivos de agenda.

Daniela D'Amico Concejal Radical de Río Gallegos,
“Los afiliados no pueden ser rehenes de una entidad que funciona mal”

En dialogó con La Tecla Patagonia, la edil capitalina explico sobre la resolución que involucra una transición en el equipo técnico de la CSS: "Lo que planteamos es que cuando un funcionario funciona mal, debe retirarse del lugar, debe abandonar el cargo. Hoy, el funcionamiento de la caja es malísimo. Tenemos muchos enfermos crónicos sin el seguimiento correspondiente y una falta total de diálogo por parte del funcionario a cargo".

En ese sentido, indico que en la entidad "supuestamente hay problemas con las municipalidades que deben aportar, pero los afiliados no pueden ser rehenes. La medicación y otros aspectos no son favorables en términos de actividad financiera. Esperábamos una mejora en el funcionamiento de la caja, pero es aún más deficiente que en el gobierno anterior".

Sobre ese tono, la concejal agregó que “Vecinos me han hablado de problemas graves, como el corte de medicación para diabéticos".

Sobre el futuro de la obra social, expreso: " Espero que el cambio de administración ocurra lo antes posible. Estamos hablando de la salud, un derecho fundamental para los ciudadanos".

Hugo Jerez, vocal por los activos de la CSS
“No hemos logrado que el directorio presente sus propios temas en las reuniones”

El vocal por los activos de la obra social repasó que a La Tecla Patagonia que “se han normalizado las reuniones de directorio, pasando de semanales a quincenales por pedido de la nueva presidencia. Sin embargo, creo que la demanda permanente y la necesidad de los afiliados deberían motivar reuniones semanales. En el gobierno anterior, teníamos más posibilidades de debate en el directorio, donde se trataban diversos temas. Hoy, nos limitamos a discutir solo los temas que presentamos nosotros".

Asimismo, sobre el estado financiero de la entidad, contó que "Hemos visto déficits en los últimos meses, especialmente debido a la falta de pago de aportes por parte de algunas municipalidades. A pesar de las promesas del gobierno provincial, todavía no hemos visto acciones concretas para solucionar este problema financiero".

En relación a la deuda con los municipios, agregó: "Algunos intendentes han mostrado voluntad de pago, pero aún no se ha concretado de manera continua y permanente como se requiere. Necesitamos que los Concejos Deliberantes adhieran a la nueva Ley de reestructuración de la Caja para avanzar en este tema".

Asimismo, se refirió a la resolución del deliberante de Río Gallegos y consideró que "la resolución surge del reclamo de los afiliados, quienes se vieron afectados por decisiones tomadas sin consultar al directorio, como los cambios en la tramitación de medicación. Creo que fue una medida necesaria en respuesta a las acciones del presidente y los vocales de la Caja".

A su vez, comentó sobre los dichos del vicegobernador Leguizamón que “es una declaración extraña, y no está claro si se refiere a los vocales o a la gerencia. Creemos que es crucial cambiar a las personas que estuvieron involucradas en los problemas pasados, pero hasta ahora seguimos con las mismas personas en la nueva presidencia".

Beatriz Constantino, vocal por los pasivos de la CSS
“Pensábamos que con un cambio de gobierno las cosas mejorarían, pero no ha sido así”

En intercambio con La Tecla Patagonia, la vocal por lo pasivos de la obra social señaló que “El diagnóstico no es alentador. A pesar de nuestros esfuerzos, no podemos satisfacer las necesidades de nuestros afiliados debido a la falta de fondos. Sin dinero, nada funciona. Los aportes no están ingresando como deberían, y la inflación agrava la situación. Estamos pasando por una etapa muy difícil, y pensábamos que con un cambio de gobierno las cosas mejorarían, pero no ha sido así".

Sobre esa línea, reflexionó que "empezamos con el pie izquierdo. Nos costó mucho ser escuchados y respetados. A pesar de que somos minoría, creemos que merecemos ser escuchados, ya que representamos a los afiliados y defendemos la obra social. La comunicación con la presidencia es lenta y difícil. Nos reunimos cada 15 días, pero los temas que tratamos son principalmente los que proponemos nosotros, los vocales electos".

Asimismo, también consultada por los dichos de Leguizamón, dijo que "no tenemos idea de lo que piensa el vicegobernador. Le hemos pedido una reunión para discutir el tema, pero no hemos recibido respuesta. Es difícil cuando no se permite un diálogo abierto y transparente. La falta de comunicación complica aún más la situación".

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