13 de julio de 2010
COMODORO RIVADAVIA
Voto negativo a la baja de edad de punibilidad
La Pastoral Social junto a otras organizaciones sociales le pedirán a los legisladores nacionales, que voten en contra del proyecto de ley que propone bajar el límite de edad punible, ya que consideran que “es el Estado quien debe asumir un rol protagónico en los programas de atención y acompañamiento de nuestros niños y adolescentes”
La Pastoral Social de Comodoro Rivadavia junto a otras organizaciones de Chubut, Río Negro y Neuquén le pedirá a los legisladores nacionales de todas las provincias, que voten en contra de la baja de la edad de punibilidad.
El pedido se hará por medio de un documento, que sostiene que la participación de adolescentes menores de 16 años en delitos graves, no supera los cuatro o cinco casos, en cada una de las provincias patagónicas.
En el mismo, las autoridades de diferentes instituciones, vecinos y organizaciones sociales, solicitan que se vote en contra del artículo que propone la baja de edad de punibilidad de 14 años, en el proyecto de Ley que aprobó con media sanción el Senado de la Nación, el 25 de noviembre del año pasado.
Por eso el documento convoca a los legisladores a votar “con inteligencia, responsabilidad, bondad de pensamiento y acción” y argumenta que “los institutos destinados a la supuesta resocialización de nuestros adolescentes, sólo constituyen una instancia de privación de libertad y un post grado para el delito”.
Ante este tema, las instituciones y organizaciones autoras del documento sostienen que “el espacio de crianza no son los institutos, sino la familia y la comunidad, es allí donde deben invertirse todos los recursos para acompañar su proceso de desarrollo”.
Asimismo, consideran que los niños y adolescentes que tienen conflictos con la ley implica que la sociedad ha fracasado en el proceso de formación de este sector social y que “es el Estado quien debe asumir un rol protagónico en los programas de atención y acompañamiento de nuestros niños y adolescentes, para que ante la presencia de los primeros factores de riesgo, surjan programas de atención, con recursos humanos debidamente capacitados, justamente remunerados y sostenidos por presupuestos adecuados a la necesidad de cada uno de dichos programas”.
Al respecto, la especialista Claudia Cesaroni, directora adjunta de la Oficina para América Latina de la Asociación de Prevención de la Tortura, con sede en Panamá y Miembros del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos de Buenos Aires realizaron su aporte y opinaron que sería “regresivo” avanzar en la implementación de una ley de este tipo.
Porque “no se trata de sancionar más leyes, sino de cumplir las que ya existen, porque la cantidad de adolescentes de 14 y 15 años que cometen delitos graves es ínfima y si el estado no es capaz de controlar las instituciones de encierro que hoy tiene, mucho menos podrá