13 de junio de 2013
ARCE AGGEO
"Tiene un tinte político"
La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió rechazar el pedido de sobreseimiento interpuesto por el gobernador Daniel Peralta al no poder acatar una fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a restituir en su cargo al ex procurador Eduardo Sosa
La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió rechazar el pedido de sobreseimiento interpuesto por el gobernador Daniel Peralta al no poder acatar una fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a restituir en su cargo al ex procurador Eduardo Sosa. En el mismo fallo se rechazó también el pedido de nulidad del llamado a indagatoria. Es en este contexto que el abogado patrocinante del titular del Poder Ejecutivo Provincial (P.E.P.), Dr. Miguel Arce Aggeo, relacionó la determinación con un "tinte político".
En primer término, el abogado explicó que “la Cámara de Casación se refiere, específicamente, al rechazo de lo que se denomina una excepción de previo especial pronunciamiento por el delito de prescripción que nosotros habíamos interpuesto y que había sido denegado, en primera instancia, por el Juzgado Federal de Río Gallegos, se había confirmado esa resolución de primera instancia por el Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia, y entonces, nosotros habíamos solicitado la apelación a Capital Federal para que lo revise el Tribunal de Casación. Esa era la cuestión que se había dirimido y se rechazó la solicitud de la excepción”.
Respecto a los pasos a seguir a partir de esta determinación judicial, Arce Aggeo, señaló que “nosotros estamos esperando la notificación formal porque nosotros tenemos novedad de esto por los medios de comunicación, así que cuando esto se materialice tenemos el tiempo de rigor de diez días a efectos de poder interponer un recurso extraordinario, y ahí, se abren dos caminos, uno sería que el juez de primera instancia podría igual llevar a cabo la medida que está pendiente, o bien, el otro camino, seria que la interposición del recurso podría suspender, por una razón de prudencia, la medida del llamado a declaración indagatoria”.
De esta manera agregó que “en este momento y dada la particular situación en la que yo entiendo está la justicia, porque esto no lo podemos negar en cuanto a que hay una particular situación que se está viviendo con respecto a la justicia, de alguna manera yo creo, máxime que tiene como imputado nada más ni nada menos que a la principal autoridad de la Provincia de Santa Cruz, que hay un tema político que no se puede obviar y es así que no puedo adelantar ninguna definición al respecto, es decir, por cual camino se va a decidir la justicia”.
En este contexto opinó que “más allá de todo creo que es conveniente decir algo que no había dicho hasta el momento, en cuanto a que acá hay una cuestión de fondo innegable y que está relacionada con que el hecho que se le imputa al gobernador Daniel Peralta carece completamente de sustento y que el único sustento que tiene es meramente político”.
“Existió –agregó- una imposibilidad por parte del Gobernador, tanto jurídica como fáctica, de poder revertir la situación jurídica y laboral que se cernía sobre la persona de Eduardo Sosa, es decir, el Mandatario no se podía tomar la atribución porque no estaba dentro de sus facultades el poder restituir en el cargo al denunciante, sobre todo porque el cargo había dejado de existir”.
Al respecto aclaró que “estas decisiones se tomaron exclusivamente a nivel legislativo y no puede el gobernador Peralta interferir en otro poder de la Provincia claramente soberano y que es el que debe tomar cartas en el asunto para hacer lugar al mandato de la Corte Suprema de Justicia y cuando solicita que se restituya al Dr. Eduardo Sosa en el cargo que ostentaba”.
Tras subrayar que “el Gobernador cumplió diligente y debidamente con su obligación de notificar al Poder Legislativo de la provincia para que, soberanamente, decida en el tema”, indicó que “lo que pide la Corte Suprema es una obligación de cumplimiento imposible. Por eso yo digo, en base a los años de experiencia que tengo, que no se puede correr el tinte político y que esto se vincula quizá con algún conflicto que hoy relaciona a los altos poderes del Poder Judicial a nivel nacional, evidentemente, con la provincia de Santa Cruz”.
“No encuentro otra explicación a exigir un cumplimiento por la vía penal de una obligación de cumplimiento imposible como se dice jurídicamente” concluyó.