La Liga de Gobernadores del peronismo dio a conocer su postura tras el fallo que condenó a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. En ese aspecto, lanzaron duros cuestionamientos hacia la Justicia y hablaron de "proscripción".
El comunicado titulado "Un hecho de enorme gravedad institucional que atenta contra la democracia" fue compartido, a través de las redes sociales, por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.
"Desde la Liga de Gobernadores manifestamos que ha ocurrido en nuestro país un hecho de extrema gravedad institucional, que quedará registrado como uno de los agravios más grandes al sistema democrático", señalaron.
Asimismo, expresaron que "se pretende condenar e inhabilitar políticamente a la vicepresidenta de la Republica mediante una sentencia judicial generada en un proceso atravesado por innumerables irregularidades y violaciones a principios y garantías constitucionales fundamentales".
"Los fiscales y jueces actuantes en su afán de imputarla penalmente le adjudicaron actos y funciones de exclusiva jurisdicción de otras áreas de gobierno y que le están vedadas expresamente por la Constitución, como los actos de administración general y manejo de fondos públicos", añadieron.
Más adelante, explicaron que "durante este burdo proceso judicial, se omitió deliberadamente analizar pruebas documentales y periciales relevantes que demostraban la absoluta regularidad de las obras investigadas".
"Los alegatos del juicio nos permitieron conocer de primera mano las afrentas al debido proceso que sufrió Cristina Fernández de Kirchner y la imposibilidad de los fiscales de sostener sus agravios y acusaciones", agregaron.
En tanto, sostuvieron que "todo este show mediático y judicial se dio además en un contexto de palmaria y escandalosa promiscuidad entre fiscales y jueces intervinientes que escandalizó a la opinión pública".
"Los hechos investigados objeto de la condena ya habían sido sobreseídos y la reapertura del proceso se dio cuando en el gobierno anterior se puso en marcha como nunca en la Argentina un mecanismo de persecución judicial y mediática a líderes políticos del campo nacional y popular", afirmaron.
A su vez, expresaron que "esta absurda condena con fines políticos no es un hecho aislado" y remarcaron: "Sino que forma parte de una operación de poderes económicos que se reprodujo recientemente en Sudamérica con otros líderes populares y que luego de disparatadas condenas, y al paso del tiempo, volvieron a ser legitimados por sus pueblos regresando al poder".
Además, resaltaron que "la inhabilitación para ejercer cargos públicos dictada hoy es el nuevo ropaje jurídico en la histórica proscripción que sufrió el peronismo toda vez que fue derrocado del poder por la fuerza".
"Tal como aconteció en 1955 con la revolución libertadora y en 1976 con la última dictadura cívico militar que tuvo como saldo la muerte y desaparición de 30 mil argentinos", recordaron.
Finalmente, señalaron: "El enorme respaldo popular y prestigio que goza nuestra Vicepresidenta como líder y conductora del espacio político mayoritario son la garantía que impedirá que grupos minoritarios, violentos y antidemocráticos pongan en riesgo el estado de derecho que tanto nos costó conseguir".
En tanto la santacruceña, Alicia Kirchner sostuvo en sus redes: "Ante los hechos de público conocimiento, está demostrado que “algunos” integrantes del “partido judicial” han dictado las sentencias en base a manejos corporativos. Los que tenemos responsabilidades políticas, mas allá del partido al que pertenecemos, debemos actuar ya!". Y agregó: Tenemos los instrumentos democráticos para hacerlo. Defendamos estos 40 años de democracia y enfrentemos los intentos de proscripción a @CFKArgentina #TodosConCristina #LaSentenciaDeClarin".
Por su parte el chubutense, Mariano Arcioni, también se expresó a través de las redes sociales. Sostuvo: "Desde la Liga de Gobernadores manifestamos que ha ocurrido en nuestro país un hecho de extrema gravedad institucional, que quedará registrado como uno de los agravios más grandes al sistema democrático. Tal como aconteció en 1955 con la revolución libertadora y en 1976 con la última dictadura cívico militar que tuvo como saldo la muerte y desaparición de 30 mil argentinos".
Y agregó: "El enorme respaldo popular y prestigio que goza nuestra Vicepresidenta como líder y conductora del espacio político mayoritario son la garantía que impedirá que grupos minoritarios, violentos y antidemocráticos pongan en riesgo el estado de derecho que tanto nos costó conseguir".
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