En el marco de la investigación del caso VIlla Mascardi y el conflicto mapuche, la jueza federal Silvina Domínguez resolvió prorrogar por otros 10 días el secreto de sumario sobre la causa que investiga el ataque con armas de fuego y piedras contra un grupo de cinco gendarmes.
El artículo 204 del Código Procesal Penal de la Nación faculta al juez a cargo de una causa a ordenar el secreto de sumario “por resolución fundada siempre que la publicidad ponga en peligro el descubrimiento de la verdad, exceptuándose los actos definitivos e irreproducibles, que nunca serán secretos” para las partes.
Sobre la investigación, la fiscal federal interina de Bariloche, Cándida Etchepare, explicó que el ataque contra los cinco gendarmes con armas de fuego y piedras fue uno de los motivos por los cuales pidió el desalojo por enésima vez de los predios usurpados. La causa también incluye la investigación por la usurpación del predio que pertenecía a la Administración de Parques Nacionales, donde estaba el exHotel Mascardi, que fue desmantelado y destrozado, según la acusación que la fiscalía federal les atribuyó a las mujeres imputadas.
Cabe señalar que en la causa están imputadas 6 mujeres mapuches que fueron detenidas en el operativo del 4 de octubre, cuando unos 250 efectivos de fuerzas de seguridad allanaron y desalojaron los predios usurpados. En cambio, los varones huyeron hacia la montaña.
La jueza ordenó que Betiana Colhuan Nahuel, Romina Rosas, María Celeste Ardaiz Guenumil y Martha Luciana Jaramillo, que integran la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, cumplan la detención con arresto domiciliario. La magistrada les concedió ese beneficio porque están a cargo de hijos pequeños. Mientras que las imputadas Florencia Melo y Débora Vera continúan detenidas en dependencias que la PSA tiene en el aeropuerto de Bariloche.
Por su parte, los defensores de la Gremial de Abogados presentaron recursos para excarcelar a Melo y Vera, pero la jueza rechazó los planteos, a instancias de la fiscal, que dirige la investigación. El abogado Virgilio Sánchez adelantó que apelaron esa decisión de Domínguez. Mientras, efectivos federales permanecen en Mascardi.
Sobre la Causa
El conflicto comenzó en 2017 cuando un grupo de personas tomó un predio conformado por dos lotes de Parques Nacionales. Se identificaron como miembros de la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu y se refirieron a una recuperación territorial.
Desde entonces la tensión en la pequeña villa no paró de crecer: cortes en la ruta 40, incendios y vandalizaciones. En 2018 usurparon “La Escondida”, propiedad de Juan Grehan y Magdalena Tournier. Luego tomaron, saquearon y desmantelaron el emblemático hotel de la localidad, propiedad de Parques Nacionales que se encontraba abandonado.
Más tarde, se sumó la usurpación del predio de Gas del Estado. En 2019 el robo de elementos en las cabañas Hueche Ruca del Obispado de San Isidro y luego despojaron al Obispado del predio. También se incendiaron tres cabañas Ruca Lauquen de la Asociación de Colegios San José.
A principios de agosto de este año incendiaron la cabaña Los Radales perteneciente a Luis Dates. Y el domingo 25 de septiembre atacaron e incendiaron una casilla de Gendarmería que se encontraba vigilando el predio, que más tarde fue tomado.
En respuesta a estas acciones, el Gobierno nacional envió refuerzo de seguridad a la zona que el martes 4 de octubre realizaron un operativo de desalojo en los lotes usurpados por integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu llevado adelante por agentes de distintas fuerzas federales por orden de la jueza Silvina Domínguez, junto a la fiscal Cándida Etchepare. Fue cortada la ruta 40 con dos retenes entre Bariloche y El Bolsón. Como resultado se llevaron detenidas a siete mujeres y cinco niños.
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