En el año 2017 el gremio docente ADOSAC de Santa Cruz realizó una huelga reclamando el pago del salario en tiempo y forma, dado que en aquel momento, los trabajadores docentes tenían dividido el pago en cuatro partes por mes.
El gobierno de la Provincia de Santa Cruz impuso la conciliación obligatoria que, al no cumplirse por estar realizando la medida de fuerza, resultó en una multa de $ 8.301.000 que a hoy día con intereses llega a 32 millones.
En comunicación con La Tecla Patagonia, el secretario adjunto de ADOSAC, Javier Fernández, señaló que se trata de una medida “impuesta por el gobierno, dado que en ese momento el reclamo comprendía tan sólo el pago en tiempo y forma en vez de en cuatro partes por mes, y una recomposición salarial”.
Fernández indicó que “la conciliación en el año 2017 fue desconocida por este sindicato porque en ese momento nosotros nos encontrábamos en el marco de la huelga”.
“El ministerio en vez de enviar a la patronal, nos impone la conciliación obligatoria que repercutió en una multa de $ 8.301.000 millones de pesos”, afirma el gremialista y agrega: “La sanción se debe por no acatar la medida. Con el tiempo intereses y honorarios está aproximadamente considerada en 32 millones de pesos”.
Hoy día la justicia y el fiscal del estado, ha decidido la ejecución de la deuda por medio de las cuentas del Sindicato, por lo que Fernández señaló: “En este momento cuando nos ejecuten esa deuda, prácticamente nos dejan en 0 las cuentas, teniendo en cuenta que hay deudas, empleados y compromisos”.
“Lo grave del tema es que simplemente les estábamos pidiendo que nos paguen. El ministerio de trabajo en lugar de intimar a la patronal y que les obliguen a que nos paguen en tiempo y forma, mediando en el conflicto, realizan todo lo contrario”, y agrega: “Sabemos que es parte integral del gobierno provincial”.
Fernández expresó: “Durante estos 5 años apelamos, entiendo que quienes estaban en cumplimiento de ese lugar en el gobierno son los mismos, nuestros reclamos fueron desestimados. Llegó el momento y nos mandan la ejecución”.
El referente del sindicato docente reflexiona y cuenta que “el dato comparativo es que en el año 2012 el gobierno nos empezaba a retener las cuotas sindicales. Mensualmente, todos los aportes de los afiliados van a la cuenta del sindicato. En ese año se cambiaron los fondos, y pasaron a tener una deuda con nosotros de 52 millones de pesos, entre el año 2012 y 2017. En ese momento hicimos una denuncia, con la jueza Roxana Suarez, todavía no se ha podido expedir. la causa no se ha movido. Ahora esta causa que es 5 años después si se trató y activó. La complicidad de la justicia es absoluta”.
Para finalizar, Fernández indica: “Más allá de la comparación, ahora sabemos de qué lado está parte de la justicia, aunque no todo está medido con la misma vara. Obviamente nos pone en una situación compleja, y no lograrán silenciarnos. Vamos a buscar la manera para seguir activando y defendiendo los derechos de los trabajadores”.
