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Viernes, 29 marzo 2024
REGIONALES
9 de agosto de 2022

Paro nacional por la condena a Goodman: cómo será la adhesión en las provincias patagónicas

Tras la convocatoria de la CTERA, los gremios docentes provinciales fueron sumándose a la medida iniciada desde ATECH por la condena a Santiago Goodman quien fue hallado culpable en la causa por los incendios y destrozos en la Legislatura

Paro nacional por la condena a Goodman: cómo será la adhesión en las provincias patagónicas - La Tecla Patagonia


Con un duro comunicado, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a un paro nacional y exigen la inmediata absolución de Santiago Goodman en la causa por los incendios del 2019 en la Legislatura de Chubut. 

“El miércoles 10 de agosto, CTERA convoca a un paro nacional contra la criminalización y judicialización de la protesta social y la condena a nuestro compañero Santiago Goodman. Esta fue una causa armada, con espionaje ilegal, en medio de una situación social grave en la provincia, con atraso de salarios de dos y tres meses, con un ajuste salvaje. Se demostró el espionaje a las organizaciones que luchaban contra el feroz ajuste del gobierno provincial y la zona liberada en el día de la concentración, hechos que la jueza no tuvo en cuenta. La sentencia será apelada por la defensa”, dice el mensaje que publicó la organización sindical en su página oficial.

El comunicado recordó además a las docentes Jorgelina Ruiz Díaz y María Cristina Aguilar, las dos educadoras que fallecieron el mismo 17 de septiembre de 2019 en la Ruta Nacional 3, cuando volvían desde Rawson y el Renault Sandero que conducían volcó. “Luego de una manifestación pacífica de los sectores sindicales y sociales, dos docentes, Jorgelina y María Cristina, fallecen en un accidente después de participar de una movilización. Ante este injusto juicio y la clara criminalización de la protesta social, la justicia condena a nuestro compañero Santiago Goodman. Desde CTERA expresamos nuestro repudio al fallo de la justicia y exigimos la absolución de Santiago Goodman”.

En tanto el acompañamiento en la región será total y se sentiría con fuerza en las provincias de Neuquén, Río Negro y Santa Cruz. Unter, ATEN y ADOSAC. 

Además, se plegarán varias otras provincias entre ellas Buenos Aires ya que SUTEBA adhirió a la medida. También en la Ciudad de Buenos Aires, la entidad base es la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE). 
 
El paro de CTERA a su vez da respaldo a distintas disputas de sindicatos en provincias. Es el caso de Mendoza, Santa Fe.

Además de los nombrados, se espera la adhesión de las entidades de base ATECA de Catamarca, UEPC de Córdoba, SUTECO de Corrientes, ADF de Formosa, AGMER de Entre Ríos, ADEP de Jujuy, UTEPLa de La Pampa, AMP de La Rioja, UDPM de Misiones, ADP de Salta, UDAP de San Juan, ASDE de San Luis, SUTEF de Tierra del Fuego, UTRE de Chaco y ATEP de Tucumán.

Condena 

La jueza María Tolomei halló culpable al ex secretario de la ATECH Santiago Goodman, del delito de incendio por lo ocurrido en la Legislatura del Chubut entre el 17 y el 18 de septiembre del año 2019. Asimismo, resolvió absolver a Mariana Castro y Marcela Ancaleo que habían sido imputadas por ese delito en carácter de coautores.

La decisión se conoció el jueves pasado el mediodía en la Oficina Judicial de Rawson como corolario del juicio oral y público que demandó varias semanas y el desfile de una importante cantidad de testigos aportados en general por el equipo de la Fiscalía de Rawson, encabezado por la fiscal general Florencia Gómez que dirigió el equipo de investigadores y la estrategia durante todo el proceso penal contra los tres imputados.

La jueza Tolomei hizo una profunda introducción para justificar su resolución. Al referirse al trabajo de los fiscales, aludió a cómo fueron planteados los hechos, entre ellos lo descripto respecto del incendio y los daños en Casa de Gobierno. Destacó que  ninguno de los testigos observó a los imputados en las llamas producidas en ese lugar, por lo tanto, resolvió absolverlos por el incendio y los daños en la puerta dos, ubicada en la esquina de Vachina y Belgrano.

Al momento de resolver sobre sus participaciones en los incidentes en la Legislatura, hizo primero referencia al contexto de protesta por demandas salariales y el “enojo que iba en aumento”. En la descripción de los hechos manifestó haber quedado probado que Goodman trasladó cubiertas  y arrojó algunas de ellas al fuego que antes había iniciado un sujeto no identificado y descripto solo como que vestía una campera roja. “El mismo imputado luego reconoció esta acción”, manifestó la jueza.

Respecto de las presuntas amenazas de muerte que sufrió Goodman para endurecer el reclamo  por parte de docentes de Comodoro Rivadavia, además de la situación de indignación y enojo por reclamos sin respuestas, la jueza manifestó que “nada justifica” haber producido el incendio y los daños, hizo alusión a su experiencia gremial y que “actuó con autodeterminación y consciente de las consecuencias”, al momento de avivar las llamas.

El incendio y los daños producidos en la Legislatura fueron valuados en 12 millones de pesos al momento de las pericias ordenadas por las autoridades legislativas a través de profesionales idóneos.  En el juicio, el mismo Goodman reconoció haber trasladado y arrojado cubiertas al fuego que ya se había iniciado en la explanada de ingreso a la Legislatura, luego de un día de marchas y movilizaciones en demanda de mejoras salariales, con la noticia al caer la tarde del día 17 de septiembre, de dos docentes de Comodoro Rivadavia fallecidas en un accidente automovilístico, al regresar desde Rawson a esa ciudad, tras participar en un plenario gremial.

La audiencia fue seguida por algunas de las partes por el sistema de videoconferencia y, de manera presencial en la sala 2 de la Oficina Judicial, de una importante cantidad de personas allegadas a los imputados.

Ahora resta la realización de la audiencia de “cesura de pena” en donde el defensor del gremialista y los fiscales debatirán la pena que le podría caber a Goodman. Ese tipo de delito prevé penas que podrían ir desde los tres a los diez años de prisión.



 

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