31 de enero de 2013
RIO GALLEGOS
Raúl Cantín ¿controlado?
Trabajadores de Obras Públicas denunciaron que el municipio anuló las inspecciones. Marcaron que buscan favorecer a Rodalsa, vinculada con el área. Críticas por la falta de acceso a la información
La relación entre la Intendencia de Río Gallegos y Rodalsa SA está, desde hace tiempo, en el eje de las críticas y, mucho más aún, desde que empleados de la secretaría de Obras Públicas municipal denunciaron que se habían anulado las distintas formas de contralor que poseían.
En declaraciones públicas, el intendente de Río Gallegos, Raúl Cantín, a fin de demostrar transparencia, expuso la gravedad del asunto, pues aceptó que Sebastián Reynares, ex gerente de la mencionada firma, se desempeña como titular de la dirección general de Obras Públicas y Urbanismo. De esta forma, se replicó la tan conocida estrategia denominada “puertas giratorias”, la cual no hace más que dejar en claro los difusos y perniciosos vínculos entre el Estado municipal y un actor privado.
Lo antedicho se acentuó tras la renuncia del contador Francisco Negrete a la secretaría de Hacienda. A partir de ese momento, no se detuvieron los rumores respecto de que Cantín buscaría poner la cartera bajo la órbita de algún hombre de Rodalsa. A esto se le sumaron las versiones de que Néstor Martínez, secretario de Obras Públicas, dimitiría en un lapso mediato.
Rodalsa tiene su cara visible en la figura de Bautista “Tato” Simón. Su hijo homónimo es asesor del arquitecto Hugo Sebastián Reynares, director general de Obras Públicas y Urbanismo. Reynares fue gerente de Rodalsa.
Quien lo confirmó fue el propio Cantín: “Sí, el arquitecto Reynares está en Obras Publicas, pero en los llamados de licitaciones las cosas se van a hacer como corresponde, con sobre abierto y con el conocimiento de toda la comunidad”.
Sin embargo, tiempo después, un grupo de empleados de esa área municipal denunció que las autoridades los habían excluido de sus funciones de control. Los trabajadores municipales dieron lugar a la suspicacia, pues expusieron sus sospechas sobre la intención de evitar el cumplimiento de los contralores específicos de su labor, infiriendo serias irregularidades en el manejo de la obra pública, sobreprecios e incumplimiento de los pliegos de adjudicación.
Rodalsa
Señalada como una firma satélite del grupo empresarial que dirige Lázaro Báez, más de una vez ha estado en el ojo de la tormenta. Por caso, llamó la atención a la opinión pública cuando construyó la Comisaría 2da de El Calafate, que después de un año de inaugurada (2009), no funcionaba por falencias en la construcción.
Rodalsa que, a la par, en Las Heras tuvo a cargo la construcción del gimnasio cerrado con canchas de tenis al aire libre, atravesó un duro conflicto con 47 trabajadores de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) a causa de una deuda en la realización de una obra pública en Puerto Santa Cruz. De igual tenor fue la rispidez que acaeció luego de que despidió a 30 obreros que trabajaban en un plan de construcción de 131 viviendas. La obra fue llevada a cabo por una Unión Transitoria de Empresas, conformada por Rodalsa y Escarabajal.
No obstante, bastó que el Intendente de Río Gallegos aceptase el puente entre su gestión y la empresa que constituye Reynares para que la polémica se encienda nuevamente.
Meses después, los empleados municipales Luis Villegas, Andrea Vidal y Ramón Humano, entre otros, echaron más leña al fuego.
“Nosotros somos la policía de la obra pública en la ciudad, nuestra competencia como técnicos es la de hacer controles de calidad de las obras públicas y lo que vemos en esta gestión es que nos tratan de dejar a un costado y nos quitan elementos
para sacarnos de la calle, como por ejemplo, nos quitaron los vehículos, nos quitaron insumos, colocarnos una Jefatura que nos anula las funciones y no nos deja que hagamos lo que día a día hacemos”, denunciaron.
A meses de la denuncia, La Tecla Patagonia pudo saber que aún el
conflicto no ha sido resuelto. Desde la oposición, marcaron que por una parte “la gestión de Cantín no existe. Todo viene de Nación”. Por el otro, que “no responden los pedidos de informe. No hay transparencia”.
La nota completa en el Revista La Tecla Patagonia número 123