Incendios en edificios públicos: el fiscal Rivarola dice que todavía no hay pruebas contra los sospechosos

El fiscal que lleva adelante la investigación por los incendios en los edificios públicos en Rawson, en diciembre pasado, Fernando Rivarola, informó que todavía no cuentan con pruebas suficientes para pedir la detención de los sospechosos. 

Como resultados de trece allanamientos, el fiscal Fernando Rivarola reveló: “No fue necesario realizar detenciones, ya que se trata de personas que en principio están primero identificadas, ahora se debe corroborar que no existe un error, teniendo en cuenta que se está basando en imágenes, y siempre se debe dejar un margen de error en la identificación por algún parecido, por lo que  no están dadas las condiciones para la detención, además son personas de nuestro medio con domicilios conocidos, previsiblemente, se trata de ciudadanos que se someterán al accionar de la justicia”, indicó. 

“En cuanto a la investigación y la posibilidad de un juicio, técnicamente y concretamente no hay personas imputadas. La fiscalía de Rawson todavía no ha formulado apertura investigación respecto de ninguna de las personas identificadas, por ahora son personas que están individualizadas, identificadas, notificadas de los derechos que le corresponden y eventualmente cuando la fiscalía termine de reunir los elementos podrán pasar a la calidad de imputados, los tipos penales que se están investigando son: por daños, daños agravados, hurto, incendios, incendios intencionales y ataques o atentados contra personal policial, según las distintas hipótesis de investigación”, añadió Rivarola. 

Por último, el fiscal sostuvo: "Son varias causas, todas con cierta complejidad, se está investigando, por un lado, los hechos concretos de daño, incendios y atentados,  por otro lado, la posible responsabilidad de los funcionarios políticos y policiales en relación con los procedimientos a la previsibilidad de lo que iba a ocurrir en el contexto en que estos hechos sucedieron y también después una serie de acciones o abusos policiales que sufrieron distintas personas de la comunidad y que en principio no estarían justificados como reacción policial razonable”.