Por Mariela Branda
La minería a cielo abierto y el uso de cianuro para el procesamiento de minerales están prohibidos desde 2003 en la provincia de Chubut. Sin embargo la norma posibilita que la provincia pueda dividirse en zonas para determinar dónde y bajo qué condiciones puede llevarse a cabo la explotación minera siempre y cuando exista licencia social.
En noviembre del año 2020, el gobernador Mariano Arcioni presentó el proyecto de ley de zonificación para definir áreas mineras en los departamentos de Telsen y Gastre, ubicados en el área centro-norte de Chubut, específicamente la zona de la Meseta Central. El proyecto de ley obtuvo el dictamen favorable en marzo por parte la comisión de recursos naturales de la legislatura.
La historia antiminera del pueblo chubutense es fuerte. En 2003 se llevó a cabo una consulta popular en Esquel que determinó la posterior prohibición de la actividad. Sin embargo, la zonificación no está prohibida, según entienden algunos. En los últimos años primero durante el gobierno de Maurico Macri y ahora en el Alberto Fernández, desde Nación han avalado el avance de la zonificación minera. De ninguna manera esta ley podría haber salido sin contar con la venia de la Rosada. De hecho, parte del peronismo provincial acordó con el gobernador, Mariano Arcioni, la aprobación y así quedó demostrado con los votos de algunos diputados del bloque del PJ.
El peronismo chubutense tiene dificultades desde hace años para mantener a todos los dirigentes en un marco de unidad. Y como no podía ser de otra manera, el polémico proyecto de zonificación minera tampoco logró generar una unificación de criterios. Desde la conducción del Partido Justicialista provincial se negaron a participar del debate pero algunos referentes decidieron hacerlo. En el último Congreso realizado en Comodoro, se decidió no expresarse y seguir estirando la discusión. Primero fueron las elecciones, porque es claro que este tema no le sumaba votos a nadie, y ahora, aunque varios de sus referentes están a favor, a nivel partidario tampoco existe postura. Es llamativo el silencio de algunos representantes del Frente de Todos. El costo político es grande y es claro que algunos no tienen espalda para asumirlo.
En tanto, desde Juntos por el Cambio, el radicalismo mantuvo firme su posición contraria mientras que algunos referentes del PRO que están a favor de dar el debate cuestionaron la metodología con la que finalmente se aprobó la norma.
El jueves pasado, luego de la sesión especial para tratar los pliegos del STJ, continuó el trabajo en sesión ordinaria y fue allí cuando el jefe del bloque de Chubut Somos Todos, Juan País, pidió el tratamiento en el recinto. Los votos ya estaban. Con lo justo, 14 voluntades, quedó sancionada la ley de zonificación minera. Lo que siguió después fue caos. La ciudad capital incendiada y destrozada con daños irreparables. Lo que venía siendo una manifestación pacifica terminó con excesos de ambos lados. Hubo infiltrados y militantes políticos fogoneando y provocando destrozos con un nivel de violencia pocas veces visto. Del otro lado, hubo represión con excesos y abusos policiales, por ejemplo en la localidad de Trelew.
Desde entonces, hay marchas multitudianarias todos los días en diversos puntos de la provincia para pedirle al gobernador, Mariano Arcioni y a los legisladores que den marcha atrás con la medida. Arcioni ya adelantó que no vetará la ley. Resta ver qué harán los legisladores si es que logra llevarse a cabo la sesión prevista para el 21, la última del período. Será difícil que pueda concretarse en este marco. La sesión del 16 debió suspenderse porque no estaban dadas las garantías de seguridad. Ese día se prendió fuego literalmente Rawson.
La letra chica de la ley
Convertida en ley, la zonificación permitirá a la empresa canadiense Pan American Silver podrá desarrollar su proyecto Navidad, con inversiones previstas cercanas a los US$1.000 millones.
A continuación se adjunta la ley aprobada:
De acuerdo a la ley, al menos el 80% de la fuerza laboral debe ser local y los proveedores locales deben representar el 50% de los suministros y servicios al inicio de los proyectos y el 70% durante los picos de construcción. También implica la creación de un centro de monitoreo ambiental y otro de investigación minera.
Además de la regalía del 3 por ciento que contempla el Código Minero nacional, se agrega un bono compensador de 4 puntos. Otro ingreso para la provincia está previsto a través de un anticipo por llave de ingreso al yacimiento, equivalente a un rango de entre el 3 y 5 por ciento de la inversión total a desarrollar.
La regalía inicial del 3 por ciento se distribuirá del siguiente modo - 80 % a favor del Estado provincial14% a favor de municipios y comunas rurales que adhieran a la ley. (Puerto Madryn adhirió y Comodoro se aprestaba a hacerlo).
- 1% para los municipios que no adhieran.
- 1,5 % respectivamente para Ministerios de Hidrocarburos y de Ambiente.
- 2 % para los sindicatos involucrados en la actividad.
El bono compensador del 4% se distribuirá del siguiente modo: - 50 % para la empresa Petrominera.
- Sobre los 2 puntos restantes, el 70 % irá al Tesoro provincial.
- 19% a los municipios y comunas adheridas a la ley.
- 1% a los municipios y comunas no adheridos.
- 10% restante a los municipios y comunas rurales ubicadas en un radio de 170 kilómetros de la ejecución del proyecto minero en proporción a su cantidad de habitantes.
El gobernador Mariano Arcioni sostuvo en una entrevista concedida a La Tecla Patagonia que además Trelew, la ciudad con mayor desocupación de la provincia, servirá de apoyo logístico para el desarrollo minero en la Meseta. "Tenemos proyectada la provincia en las cuatro Comarcas. La del Golfo (San Jorge), netamente petrolera y metalmecánica. La Andina, donde trabajamos muy fuerte en producción, por ejemplo, fruta fina, turismo, vitivinicultura; y hemos anunciado el Polo Tecnológico. La del Virch, donde tenemos pesca, aluminio, turismo. Y, la Meseta Central, donde hemos desarrollado el proyecto de zonificación minera. Además, Trelew, la ciudad hoy más complicada en cuanto al desempleo, va a servir de apoyo logístico para el desarrollo productivo", indicó.
La norma asegura que no se utilizará cianuro y que no se avanzará de ninguna forma en la actividad minera ni en la Cordillera, ni en el río Chubut ni en área naturales protegidas. Se insiste en la no derogación de la Ley 5001, ya que no se utilizará cianuro, y en el avance de un ordenamiento territorial participativo, mediante el trabajo del Consejo Provincial del Ambiente (COPRAM), complementado con mesas de desarrollo productivo.
El Proyecto Navidad planifica que la inversión en la primera etapa será de U$S 659 millones. Fase 1 (primeros 3 años): Proyecto de Construcción, con accesos, bypass, campamentos en la meseta, logística, servicios locales, en total 35,2 M USD; la Planta e Infraestructura, en total 387,5 M USD; los equipos, 42,3 M USD; la línea de alta tensión, 128,4 M USD; el destape, 14,5 M USD; y el Dique de colas, 50,4 M USD.
En la Fase 2, está previsto invertir 400 M USD durante el cuarto y quinto año, con la ampliación de la planta. Para los posteriores etapas de prevé una inversión de 167 M USD.
La actividad quedó comprendida en dos zonas de acuerdo al artículo 5 de la ley. "En los Departamentos de Gastre y Telsen de la Provincia del Chubut, según los criterios que constan a continuación (...):
(I) ZONA 1:
Son áreas comprendidas por cauces del Rio Chubut y el Arroyo Telsen, una zona de amortiguamiento de los mismos con una extensión de 5 kilómetros de cada margen de los cauces y sus cuencas hídricas superficiales, de conformidad con lo establecido en la Base de Datos Geoespacial Institucional del Instituto Geográfico Nacional (IGN) expresada en coordenadas geodésicas, utilizando el Sistema de Referencia WGS 84 y el Marco de Referencia POSGAR 07, como también aquellas superficies donde el desarrollo de la actividad minera metalífera se encuentra restringido por el Código de Minería de la Nación u otra normativa específica vigente. En esta zona se debe mantener expresamente las prohibiciones del artículo 1° de la Ley XVII- N° 68. Es decir, la prohibición de la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto y con uso de cianuro.
(II) ZONA 2:
Área comprendida por aquellas superficies no incluidas en las Zona 1. En esta zona se recomienda exceptuar la prohibición establecida en el artículo 1° de la Ley XVII – N° 68,
aplicando las exigencias y obligaciones previstas en la normativa vigente En caso de verificarse actividad minera en las zonas que no han sido expresamente autorizadas en la presenteley, el transgresor deberá cesar automáticamente las prácticas. Dentro del tercer día de verificada la transgresión se deberá iniciar la tramitación de un proceso disciplinario por vía de lo normado en el procedimiento administrativo provincial, quien evaluará la gravedad de la falta y queda facultado a imponer una sanción económica que va desde el 1% al 5% de la facturación mensual bruta del infractor. Asimismo, deberá depositar ese 1% dentro de los 5 días de notificado y en caso de recaer condena podrá tomarse a cuenta de la misma. Los fondos que sean recaudados deberán ser destinados a la mejora de la infraestructura escolar de la provincia".
Alto nivel de conflictividad social: ¿Cómo salir?
La sanción de la norma minera fue el detonante para que la provincia de Chubut volviera a estar al rojo vivo. Arcioni logró superar los escollos económicos y las fuertes protestas provocadas por la falta de pago de sueldos en tiempo y forma y ahora, debe enfrentar otro gran desafío: salir de este nuevo estallido social.
Ningún plateo de solución es fácil y lineal. La minería es un tema que genera fuertes divisiones en la provincia. Hoy en las calles está la gente que no la quiere, pero también hay parte de la población que está a favor y que no se está manifestando. Una alternativa democrática hubiera sido la consulta popular antes de la sanción y por supuesto acatar el resultado de la misma. Esta herramienta no está del todo invalidada porque podría ser convocada por la Legislatura para someter a decisión del pueblo el veto a la norma sancionada, por sí o por no.
El artículo 262 de la Constitución provincial indica: "La Legislatura puede someter a consulta popular proyectos de ley. La ley de convocatoria no puede ser vetada. El voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la Provincia lo convierte en ley y su promulgación es automática. El Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo, dentro de sus respectivas competencias, pueden convocar a consulta popular no vinculante en cuyo caso el voto no es obligatorio. La Legislatura con el voto de los dos tercios del total de sus miembros reglamenta las materias, procedimientos y oportunidad de la consulta popular".
La opción de la derogación de la norma por parte del gobernador, Mariano Arcioni, parece lejana. El mandatario dijo en un principio que no dará marcha atrás. Sin embargo la presión social y política podría cambiar el escenario.
Las marchas seguirán todos los días hasta lograr "voltear" la ley. Así lo dijeron desde las agrupaciones ambientalistas de la provincia. Además, queda una sesión ordinaria, la del martes 21. Habrá que ver si se lleva a cabo. Lo cierto es que varios legisladores podrían avanzar con el pedido para derogar la ley. Así lo adelantó la diputada madernista, Leila Lloyd Jones, del bloque Chubut Unido.
El caso Mendoza
Una situación similar a la de Chubut atravesó la provincia de Mendoza a fines del año 2019. Sobre fines del mes de dicimebre también, mientras una multitud se concentraba en las inmediacionesde la Legislatura y Casa de Gobierno, senadores y diputados mendocinos sesionaron la derogaración la ley minera 9209 y reestablecimiento de la vigencia de la 7722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en emprendimientos mineros.
La Ley 7.722, sancionada en junio de 2007, durante el gobierno del radical Julio Cobos, prohibe todo tipo de minería metalífera. Con la reforma se pretendía permitir el uso del cianuro y el ácido sulfúrico y sólo quedaba prohibido el mercurio. El proyecto de reforma de la ley 7.722 había contado con el respaldo del propio presidente Alberto Fernández. otro punto similar al caso Chubut.
Sin embargo, la presión social fue tal que tanto el Gobierno como los legisladores cambiaron sus posicionamientos. Los legisladores trataron el proyecto que envió el gobernador Rodolfo Suarez para dar marcha atrás con esa norma que fue impulsada por el mismo Ejecutivo y que había sido sancionada días atrás en la misma Casa de las Leyes con el aval de la mayoría del oficialismo y la oposición.
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