15 de noviembre de 2012
LA INVESTIGACION
El turno de los funcionarios
La Justicia trata de establecer sus responsabilidades en el trágico derrumbe del supermercado neuquino. Los concejales aportarán pruebas ¿Habrá juicio político?
A tres semanas del derrumbe y con el proceder delictivo del dueño y de los constructores a prima facie acreditado, corresponde establecer las responsabilidades de los inspectores y funcionarios del Municipio neuquino. Y es precisamente eso lo que la Justicia y el Concejo Deliberante investigan en simultáneo, pero por separado.
En lo judicial, el equipo que encabeza el fiscal general de la Provincia, José Gerez, se nutre de testimonios para determinar si los agentes -y a través de ellos sus superiores- pudieron haber tomado conocimiento de la construcción clandestina de los departamentos que se desplomaron sobre el supermercado… Y si llegara a ser así, ¿Por qué no lo clausuraron? (cosa que hubiera evitado la tragedia que causó siete muertos).
Un dato no es menor: el Municipio había rechazado el pedido de autorización para la construcción de un pelotero en el mismo edificio, y los pesquisas quieren desentrañar si para entonces ya habían comenzado a colocarse los primeros ladrillos de los departamentos sobre la losa.
“Ahora viene el segundo análisis para ver si hubo alguna persona que pudiendo conocer la construcción clandestina omitió sus obligaciones (en el caso de los municipales) o su deber de denunciarlo” (si es que se trata de los responsables de la Cooperativa Obrera), confiaron fuentes tribunalicias.
Salvo que talle un delito penal -léase una omisión deliberada- las responsabilidades de los funcionarios quedarían dentro de la órbita de las negligencias. Y difícilmente puedan alcanzar al intendente Horacio Quiroga, quien en cambio corre el riesgo de ser sometido a juicio político, si así lo amerita la investigación que vienen realizando los concejales.
Pero aunque vayan por carriles diferentes las investigaciones pueden retroalimentarse. De hecho, los ediles Mariano Mansilla (UNE) y Luis Acuña (MPN) dijeron que aportarán a la Justicia la información que consigan recolectar.
Hasta ahora pasaron por Concejo el jefe de Gabinete, Marcelo Bermúdez, y el secretario de Obras Públicas, Ricardo Amerio, cuyas respuestas no conformaron. La oposición quería saber por qué el Municipio salió a controlar edificios después del derrumbe y con cuántos inspectores contaba. “Primero dijeron que eran 55, después que 37 de ellos eran verificadores del Colegio de Arquitectos (abocados al control de las obras concluidas), y luego admitieron que eran 14 inspectores municipales y 4 administrativos, pero nunca quedó en claro cuántos salen a la calle y cuántos ejercen cargos jerárquicos”, explicó Acuña.
Esta y otras circunstancias colocan la lupa sobre las responsabilidades políticas de un jefe comunal, al que ya de antes le achacaban una supuesta propensión hacia las políticas recaudativas (multas de tránsito) por sobre los problemas estructurales de la ciudad.
Es más, el análisis -por ahora somero- del proyecto de Presupuesto 2013 no deja ver un fortalecimiento del área en cuestión. “Lo único que hicieron fue actualizar las partidas con las proyecciones de inflación, por lo que difícilmente alcance para reforzar en serio los controles”, alertó Acuña. El proyecto ingresó a pocos días de la tragedia, cuando los de Quiroga se habían embarcado en un cruce de acusaciones con funcionarios del Gobierno provincial.
Hasta dónde se sabe los bloques del arco opositor no tienen apuro en pedir el juicio político (si es que consideran que deben hacerlo). Por un lado, porque están en plena tarea de recolección de pruebas y por el otro porque no lo han conversado acabadamente entre ellos (y en esto entran a jugar los votos). No obstante no se descarta que puedan llegar a pedirlo los familiares de las víctimas, a través de sus abogados.
“Nosotros vamos a analizar las responsabilidades políticas para establecer si hubo mal desempeño y la consecuencia puede ser la remoción o no de los funcionarios, desde el inspector de obra hasta el Intendente municipal”, advirtió Mansilla (presidente de la Comisión de Obras Públicas).
Dijo, además, que no está en los planes citar a Quiroga porque eso “vulneraría su derecho a una defensa” que llegado el caso podría llegar a ejercer en un eventual “juicio político”.
Los concejales entienden que podrán arribar a sus primeras conclusiones “en algunas semanas más” y ahí evaluarán cómo proceden… Y aquí va un dato anecdótico: en sus anteriores gestiones, Quiroga -va por la tercera- salió airoso de dos pedidos de juicio político, en cambio la empenista Derlis Klosterman fue destituida, allá por mediados de los ´90.
La nota completa en el Revista La Tecla Patagonia número 115