4 de octubre de 2012
DENUNCIA
Obra pública en la mira
Diputados de la UCR denunciaron irregularidades en la concreción del plan “Puesta en Marcha 2012” que realizó el ministerio de Obras Públicas rionegrino para poder empezar el ciclo lectivo
Un grupo de legisladores de la Unión Cívica Radical de la provincia de Río Negro formalizó una denuncia contra el ex titular ministro de Obras Públicas, César del Valle, por presuntas irregularidades en la contratación de servicios e insumos destinados a establecimientos educativos durante los meses del verano con el supuesto fin de poder iniciar el ciclo lectivo 2012. La denuncia a la que tuvo acceso La Tecla Patagonia está firmada por los diputados Héctor Hugo Funes, Cristina Liliana Uría, Leonardo Alberto Ballester y Francisco Javier González, es decir, el grupo saízta dentro del bloque radical. Los legisladores sostienen que “habiendo tomado conocimiento de que se habrían contratado obras destinadas a la refacción y ampliación de establecimientos escolares en el ámbito de la provincia de Río Negro, utilizando la excepcional figura de la contratación directa, sin mayor argumentación que invocar la vigencia de la ley 4.716, en cuanto autoriza al ministerio de Obras y Servicios Públicos a valerse de tal mecanismo” le solicitan al señor fiscal de turno que disponga la inmediata investigación de los hechos denunciados. Los denunciantes sostienen la irregularidad de los hechos teniendo en cuenta la norma que permitió al Ministerio a cargo de Del Valle valerse de mecanismos extraordinarios para hacer contrataciones de bienes y servicios. Se trata de la ley 4.716, la cual establece en su artículo 1º que: “Autorízase al ministro de Obras y Servicios Públicos la ejecución y -fiscalización de las obras destinadas al mantenimiento y refacciones menores de los establecimientos educativos de la provincia de Río Negro, en todos sus niveles y modalidades, que tengan por fin inmediato garantizar el normal inicio del Ciclo Lectivo 2012 y a dictar las resoluciones respectivas, las cuales podrán realizarse en todos los casos mediante el procedimiento de contratación directa hasta el 27 de febrero de 2012”. La ley es clara y marca que esta excepcionalidad tiene vigencia hasta el 27 de febrero. No sólo que esto no se respetó ya que hay registros de contrataciones posteriores, sino que además éstas no se ajustan a los montos y condiciones de compras establecidos por la norma. Según los diputados “la totalidad de las obras denunciadas en esta oportunidad, las cuales recordemos
integran el Programa Puesta en Marcha, han sido publicadas con fecha posterior el 27 de febrero de 2012, habiéndole dado fecha de apertura a los sobres correspondientes a las ofertas económicas a los cinco días de dicha fecha”. Por ende agregan: “Queda acreditado prima facie la inobservancia en el cumplimiento de la ley desde el inicio del trámite mismo”. En otro orden, los denunciantes indicaron que no era necesaria la sanción de la ley 4.716 ya que la norma de Obras Públicas que rige en la provincia “prevé la contratación directa como excepción a la regla, en los casos previstos en los incisos del artículo 9º. Siendo de aplicación al presente, el inciso d) reservado a los trabajos de urgencia reconocida o circunstancias imprevistas demandaren una inmediata ejecución”. Por último dicen: “No era necesaria la sanción de la ley 4.716. Sólo se debió haber acreditado de manera fehaciente e indubitativa la necesidad de urgencia reconocida o circunstancias imprevistas. Finalmente nada de ello sucedió”.
Ahora será la Justicia la que deba expedirse sobre estos hechos.
Nota Completa en La Tecla Patagonia Nº 109