CHUBUT
12/08
Emergencia climática: testigos revelaron que hubo facturas antes del temporal
Se trata de dos integrantes de la Contaduría General quienes revelaron que los acusados por corrupción comenzaron a facturar "antes que comenzara a llover"

Dos integrantes de la Contaduría General de Chubut revelaron que los acusados por corrupción en el marco de la causa que investiga las compras durante la emergencia climática de Comodoro Rivadavia,  comenzaron a facturar “antes que comenzara a llover”.

Dos testimonios fundamentales de la jornada del martes fueron los de los contadores Gervasion Flores y Mario César Owen, integrantes de la Contaduría General de la Provincial. 

El contador Owen, durante cuatro horas, repasó distintos expedientes. Uno de ellos fue el de Marta Fracasso, titular del comercio Blanquería Matices. A preguntas de la Fiscalía, Owen corroboró donde la primer factura donde la regalaría le vende 180 colchones al Estado está fechada a 28 de marzo. Y se le hizo leer el decreto y señaló que fue dictado el día 3 0 por la lluvia del 29.

“El testigo da un dato clave. Fundamentalmente lo que dice es que un día antes que llueva y dos antes que se decrete la Emergencia Climática, ya todos compraban en el marco de la Emergencia”, explicó el fiscal Williams.

La posición de los defensores 

Los defensores adelantaron sus expectativas en torno de los resultados del debate y todos coincidieron que no podrán ser probados los delitos, por lo que adelantaron en que solicitarán los sobreseimientos para los imputados. “Lisandro Benitez dijo que la forma en que se contrató “es habitual en la administración pública”,  que su asistido Diego Lüters, “ni siquiera tenía firma en este sistema de contrataciones” y que los fiscales no podrán probar el cargo de “coautoría” en los delitos que se les endilga.  Benitez se preguntó por qué no está en el banquillo de los acusados Alberto Gilardino, el Ministro de Coordinación de Gabinete, lugar donde se debió controlar la compra y entrega de los materiales, y sí su cliente, “que ni siquiera tenía firma”.

Para el defensor Miguel Moyano que asiste a Vanina Barale  y a Marcelo Suárez, el juicio demostrará que  sus asistidos actuaron bajo la cobertura legal. Omar López defiende a Bruno Taurelli Chiribao y dijo que “los hechos son todo lo contrario a lo relatado por el Ministerio Público Fiscal” y que existe contraprueba que demostrará que los elementos fueron entregados, “incluso los que no se pagaron”. También defiende a Marta Fracasso por quien también adelantó el pedido de sobreseimiento. Antes lo hicieron los abogados Fabián Gabalachis (defiende a Diego Correa y a Estanislao Finiguerra), Javier Romero (defiende a Leticia Huichaqueo) y Romano Cominetti (defensor de Cristian Orsi).

Para el defensor Damián D’Antonio “no hay que meter a todos los imputados en la misma bolsa” destacando que Cecilia Sadaba (Kiosco Emanuel) está involucrada en su solo hecho, la venta de agua mineral. Negó “la existencia de sobreprecios en la venta de mercadería y la connivencia con los otros imputados”.

Antes de pasar a un cuarto intermedio para las primeras horas de la tarde en que se comenzarán a escuchar los primeros testigos, las partes y los jueces coordinaron algunos aspectos vinculados con los días en que se sesionará y en los horarios. Al respecto existe plena predisposición de las partes de escuchar cada día a la mayor cantidad de testigos posibles.

Cabe destacar que por pedido de los defensores, se suspenderá la transmisión en directo de la audiencia que se venía haciendo a través de facebook de la Oficina Judicial de Rawson.

Ampliación de la causa 

En la mañana del presente jueves se concretó la audiencia de ampliación de la investigación que tiene 14 personas imputadas en relación a la contratación de maquinaria vial con el fin de remediar las consecuencias de la tormenta que azotó la ciudad entre los días 29 de marzo y 9 de abril del año 2017. Con el fin de remover el lodo se contrataron 197 empresas en el marco la emergencia económica, social y administrativa decretada por el Consejo Deliberante Municipal.

El fiscal solicitó se amplíe la investigación en 10 hechos nuevos y se impute a un empresario Cristian Hernán Lobos Rozas; y a funcionarios municipales que ya estaban imputados Joaquín Mansilla, Abel Boyero y Rubén Palomeque. Los defensores no plantearon objeción y finalmente la jueza penal autorizó la ampliación de la investigación del caso.