21 de septiembre de 2012
RÍO NEGRO
Piden investigar a Goinhex
Legisladores de la UCR presentaron ante la Unidad de Atención Primaria de la Justicia Provincial una denuncia contra el Secretario General de Estado, Julián Goinhex, por presuntas irregularidades en distintas contrataciones realizadas desde su cartera
Legisladores de la UCR presentaron ante la Unidad de Atención Primaria de la Justicia Provincial una denuncia contra el Secretario General de Estado, Julián Goinhex, por presuntas irregularidades en distintas contrataciones realizadas desde su cartera. La presentación fue realizada en forma conjunta por el vicepresidente de la bancada opositora, Francisco González, y los legisladores Cristina Uría, Leonardo Ballester y Hugo Funes.
La denuncia está referida a la posible comisión de delitos por parte del Secretario General Julián Goinhex por la contratación por fuera de los procedimientos estipulados, de servicios por más de 2.600.000 pesos en ocasión de la visita de la Presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, a Bariloche el pasado 25 de mayo. Se lo acusa de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
Mientras, la restante refiere a las posibles irregularidades en la desmedida utilización del sistema excepcional de Contratación Directa en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos.
En efecto, en principio los legisladores formularon una denuncia penal contra Goinhex, requiriendo se investigue la posible comisión de diversos delitos de acción pública en la contratación que por fuera de los procedimientos reglados para la Administración Pública Provincial, por un monto de $ 2.663.832,45, efectuara el Secretario General en el marco de la visita que efectuara la Sra. Presidente de la Nación el día 25 de mayo del corriente a la ciudad de San Carlos de Bariloche.
En primer término, se hace mención a la ilegalidad del mecanismo de contratación elegido, ya que el aviso para la contratación directa con varios proveedores se realizó con fecha 24 de mayo de 2012, con fecha de apertura ese mismo día, “por el exorbitante monto de $.2,663,832,45.
En tal sentido, se impulsó un procedimiento de contratación de excepción, que sólo encuentra justificación en razón del monto o cuando existan razones de verdadera urgencia o emergencia imprevisible deberán fundarse sobre la base de circunstancias objetivamente verificables y demostrarse fehacientemente en todos los casos la imposibilidad de su provisión en tiempo, todo ello a través de informes técnicos previos a la contratación.
Los denunciantes argumentan que estas causas justificadas no se dieron, habida cuenta que el anuncio de la visita de la Presidenta se realizó en los primeros días del mes de abril, con lo que hubo un plazo más que razonable para efectuar mecanismos de contratación que garanticen la máxima transparencia posible.
La denuncia consigna además que “también sospechamos que no obran en las actuaciones llevadas a cabo en razón de la exorbitante contratación directa que funda esta denuncia, la acreditación de la razonabilidad del precio con elementos de juicio suficientes y necesarios para determinar objetivamente que el valor ofertado se puede justipreciar”.
Asimismo, hay fundadas sospechas que los gastos originalmente comprendidos en el expediente contratación directa n° 15/2012 – 1.487-DAP, ya habrían sido desdoblados o desglosados e impulsado su reconocimiento y pago por otros expedientes o por otras vías administrativas.
“La conducta del funcionario público Julián Gohinex, encontraría adecuación típica en lo normado por el art. 248 del Código Penal, atento que, siendo funcionario público provincial habría (designado por Dto. Nº 179/2012) dictado resoluciones u ordenes contrarias a las Leyes y Constitución Provincial, incurriendo presuntamente en abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes del funcionario público”.
Se consignan entre otras supuestas irregularidades, la presunta adulteración de las fechas de presentación y aperturas de ofertas a la contratación directa Nº 15/2012-1487-DAP; la contratación de fuegos artificiales por un monto de $106,992 que no habrían sido utilizados; las supuestas irregularidades en la contratación con la firma “Publi – La Calandria SA” por un monto de $574.000 para el “diseño y coordinación general de producción, supervisión y coordinación técnica y logística”, cuando en realidad la empresa posee como actividad principal la de corralón de materiales en Buenos Aires; la consecuente probable existencia de sobreprecios o subprestaciones; la posible defraudación al erario público; la existencia de otras contrataciones anteriores por parte de Goinhex a esa empresa; el desproporcionado precio que se pagó ($115.000) por el Teatro La Baita; la contratación de servicios de seguridad privada; la contratación de la empresa Vía Bariloche para dos viajes entre la Escuela Nº 266 y la Catedral de Bariloche, separadas apenas por siete cuadras por un monto de $8.000; el exorbitante monto para la contratación del zanquista Maximiliano Altieri ($14.440), cuando el artista reconoció que su tarifa era de $6.000.
Se cuestiona además la falta de acceso al expediente que impide a los denunciantes precisar la naturaleza de los ítems “servicios de ceremonial” y “otros servicios” por montos que en conjunto superan los $1.400.000.
Se requiere además indagar sobre la contratación de los servicios de iluminación del Centro Cívico de Bariloche por $ 93.750 a la empresa Pampín Luces S.R.L., sonido para la Catedral y C. Cívico por $ 188.500,00 a la empresa Villantun S.A., Show de pantallas L.E.D. por $ 283.140 la empresa Audiovisual Systems S.A., contratación de Show Service S.A. por contratación del servicio de escenario, mangrullo para técnica y prensa, tarimas frontales, bastidores sistema de colgado para pantallas de LED y sonido, torre para sonido, vallados, etc. por $ 473.200,00 En igual sentido la contratación de equipos de computación por $ 698.186, no pudiendo determinarse si se trato de compra o alquiler de los mismos-ello por el monto comprometido- ni cantidades, ni destinos o uso de los mismos.
Añaden los legisladores que la justificación de “utilidad” política o turística del evento no alcanza a justificar la urgencia, razonabilidad y legitimidad del gasto de $2.663.832,45 realizado.
Es por ello que se investigue a los involucrados en estas acciones por el supuesto delito de Fraude contra la Administración Pública.