6 de septiembre de 2012
PESQUERAS EN CONFLICTO
Paso firme a la expropiación
La administración de Daniel Peralta avanza en la expropiación de la pesquera española. Cuál es el rol que tomará el gobierno en medio de una crisis financiera, y la palabra de las partes intervinientes en el conflicto
En un contexto nacional donde el kirchnerismo recuperó YPF, la administración del gobernador Daniel Peralta decidió avanzar en la expropiación de la pesquera de capitales españoles Vieira. Sumido en una profunda crisis política y financiera el gobierno santacruceño no tomará las riendas de la compañía sino que será el intermediario en ese proceso. Por el momento se ha intervenido la firma con la idea de que la Cámara de Diputados de la provincia apruebe su expoliación.
La Tecla Patagonia accedió a los documentos con los que el Ejecutivo pretende avanzar sobre la quebrada pesquera, y dialogó con las partes que intervienen en dicho proceso para conocer de qué forma la administración se haría cargo de una empresa que no opera hace casi un año y tiene a centenares de empleados en una inestable situación de incertidumbre.
¿Quiénes son?
La empresa se dedica a la elaboración, transformación de productos de la pesca, y pertenece al grupo SA Eduardo Vieira -Vigo (España). Según destaca el decreto de intervención número 1.737 con fecha 27 de agosto del corriente año, la filial de Puerto Deseado posee instalados en esa ciudad un planta frigorífica de productos pesqueros con cinco buques poteros, y cuenta con un plantel aproximado de cien personas en planta y alrededor de doscientas cincuenta personas embarcadas durante 2011.
La crisis que atraviesa la Unión Europea afectó seriamente a la firma, cuyos intereses comenzaron a responder a sus capitales alejándose cada vez más de las responsabilidades adquiridas con los deseadenses y con el Estado provincial. Es por esa razón que pudo comprobarse (mediante el ministerio de Producción) que durante 2011 no han efectuado las tareas de pesca y cesaron su actividad en la localidad, adeudando los cánones a los que está obligado abonar en función de los permisos otorgados y dejando en situación incierta a los empleados.
Por esta y otras razones que ocasionaron un cuadro de crisis en la zona, la Legislatura inició el trámite para debatir un proyecto mediante el cual se declare de utilidad pública a la compañía y disponer de una intervención transitoria.
Expropiación y ofensiva
Como contra respuesta desde el viejo continente, el máximo responsable, Eduardo Vieira, aseguró que mantiene el “ánimo” para sacar adelante la filial argentina, aunque por ahora debe “pelear con armas más políticas que económicas”. En declaraciones a la prensa española, Vieira manifestó que están “trabajando para frenar el proceso de expropiación” que han iniciado las autoridades argentinas sobre sus barcos y planta de Puerto Deseado. La batalla judicial está latente y una de las primeras acciones sería un amparo judicial que suspenda la intervención, al tiempo que la defensa de la compañía se orientaría a cuestionar la constitucionalidad del decreto por afectar la propiedad privada.
Además, se planteará la cuestión de jurisdicción, con el fin de demostrar que el Poder Ejecutivo provincial no tendría facultades para retener, confiscar y disponer de buques pesqueros de matrícula española.
No obstante, el proceso ya está en marcha y Diego Luis Marzioni fue nombrado como interventor de la filial local con las facultades que el estatuto de Vieira Argentina confiere al directorio y/o al presidente de la empresa, facultándolo a concretar los acuerdos y convenios que sean necesarios a los fines de asegurar en dicho proceso la operatividad inmediata y la continuidad de las fuentes de trabajo.
Asimismo, se espera que mediante la convocatoria a una sesión extraordinaria se apruebe el proyecto que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación en los términos de la ley provincial, el predio, sus instalaciones y bienes inmuebles que comprenden la planta de procesamiento de productos de mar, los buques pesqueros y la totalidad de los bienes útiles como también maquinarias, mobiliarios e insumos existentes, propiedad de la empresa.
La iniciativa destaca que los gastos que demanden el cumplimiento deberán ser imputados a la partida correspondiente en el Presupuesto general de gastos y cálculos de recursos del ejercicio 2013.
Según destacó el diputado, autor del proyecto de expropiación, Roberto Fernández (ver cuadro) el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos se haría cargo de la situación para afrontar los compromisos y deudas de la pesquera, sobre todo a los capitanes, motoristas, marineros, acreedores, entre ellos, bancarios y proveedores de mercadería además del Estado. El legislador señaló que las deudas ascienden a 60 y 70 millones de pesos y que el gobierno solamente se encargaría de hacer los contratos con el sindicato para otorgarle la empresa y ellos asumirían el rol de pago de la expropiación que surgiría del valor que tiene la planta con los barcos en conjunto con las acreencias y deudas. Sobre la función del gobierno, Fernández aclaró: “Nuestro Estado no está en condiciones de participar y la idea es que su ecuación sea de cero, a pesar de que el juicio expropiatorio será con el Estado provincial”.
La nota completa en el Revista La Tecla Patagonia número 105