POLéMICA POR LA ISLA 132
18/05
 ¿Nuevo Puerto Madero a la neuquina?
El Ejecutivo capitalino presentó una iniciativa para desarrollar un proyecto inmobiliario en una zona que no está habilitada para ese uso. No habría consenso popular tampoco.
Por Sebastián Simonetti

En las últimas semanas se revivió una vieja polémica en la capital de la provincia de Neuquén. La metrópolis neuquina es una de las ciudades que más ha crecido en los últimos años y desde hace más de 15 años se intenta avanzar en distintos emprendimientos inmobiliarios, que no encuentran eco en el Concejo Deliberante. Sin embargo, días atrás comenzó un debate en torno a un proyecto que reflotó el intendente Mariano Gaido, que pretende instalar un desarrollo inmobiliario en la isla 132.

El área en cuestión está ubicada sobre el río Limay y es una zona rica por su biodiversidad. Es también una zona estratégica dentro de lo que se denomina el Paseo de la Costa. Está ubicada frente a los clubes Santafesino, El Biguá, la Asociación Italiana Neuquén, entre otros, y allí cada año se realiza la Fiesta de la Confluencia.

Se trata de un viejo anhelo por parte de los gobiernos de la capital. En efecto, el exjefe comunal, Horacio “Pechi” Quiroga, intentó construir edificios de departamentos en el predio del Paseo de la Costa en el 2013, pero su intentona no tuvo asidero. Ahora, la propuesta fue presentada en el Concejo, por Cordineu, el ente integrado por representantes de la Provincia y del municipio de Neuquén. Asimismo, en los últimos meses del 2020 el bloque de concejales de Juntos por el Cambio-PRO-Somos Neuquén, ingresó un proyecto similar.

Entre los argumentos de la iniciativa, aseguran que “en la isla 132 existen lotes que fueron adquiridos por privados que no se han desarrollado debido a que no resulta ventajosa la inversión inmobiliaria en un lugar donde no está permitido el uso residencial”. Y aclaran: “deberán ser edificaciones sustentables y ajustarse a las disposiciones urbanísticas del sector”.

En concreto, el proyecto ingresó a fines de marzo de este año en la comisión de Obras Públicas. Allí, el Movimiento Popular Neuquino busca modificar una ordenanza para habilitar la construcción de viviendas multifamiliares en la Isla 132, un sector estratégico del Paseo de la Costa que estaba destinado a un polo de desarrollo sustentable basado en el turismo, en el marco del proyecto que busca proteger y recuperar la zona ribereña.

El proyecto original señala que “la Zona 132-1 será destinada a una zona administrativa; la Zona 132-2 tendrá un uso comercial y de equipamiento hotelero; La Zona 132-3 se usará para el sector de equipamiento cultural, equipamiento recreativo, de esparcimiento y administrativo”. En la petición que realiza Cordineu, el uso de esas tres subzonas se amplía y se les incorpora la habilitación de "viviendas familiares". Así, se intenta avanzar con la privatización de espacios públicos.

La iniciativa fue históricamente rechazada por la oposición y ahora no es la excepción. Solo el sector más identificado con la otrora gestión de Quiroga acompaña el proyecto del oficialismo. El Frente de Todos, por su parte, está a la cabeza de una gesta contra el proyecto que busca generar una postura fuerte por fuera del Concejo, para ejercer presión en el Deliberante. También hay rechazo de los especialistas, como el Colegio de Ingenieros, que realizó un fuerte descargo contra la iniciativa. También se armó una suerte de red en defensa del espacio público, conformada por profesionales, académicos y grupos ambientalistas.

Grieta en Juntos por el Cambio

En los últimos días se confirmó que las concejalas de la UCR , Jorgelina González y Rocío Casamayor, no respaldarán la urbanización de la isla 132, a diferencia de sus compañeros de bloque Guillermo Monzani (UCR), José Luis Artaza (NcN), Marcelo Bermúdez y Mario Lara, de Pro –Somos Neuquén. El año pasado, el propio presidente del PRO neuquino había presentado un proyecto similar al actual, pero no fue tratado.

“Es una decisión tomada por el comité capital, fue contundente la opinión del Colegio de Ingenieros y tuvimos otro asesoramiento que nos lleva a opinar que la isla 132 nos pertenece a toda la comunidad, y no es para un proyecto de Puerto Madero”, apuntó González.

En este sentido, desde la UCR manifestaron que “nos hemos apropiado de ese espacio a través diferentes actividades deportivas, culturales y recreativas que a diario realizamos allí. Cumple una función social como lugar de encuentro y ya forma parte de la identidad de nuestra querida ciudad de Neuquén”.

Y agregaron: “se trata también de un pulmón verde al cual debemos proteger. Además de belleza natural, la Isla 132 es un activo ambiental imponderable y su conservación debe formar parte del compromiso que el cuidado del medioambiente requieren la actualidad. Su preservación, es una buena oportunidad para transformar en hechos concretos el compromiso de la dirigencia con las futuras generaciones”. Además, los radicales subrayaron que no se conoce el Estudio de Impacto Ambiental.

El nuevo Puerto Madero a la neuquina no solo suscita discusiones legales sino también políticas. El oficialismo pretende avanzar con la bandera de la modernización y la oposición busca tabicar la iniciativa bajo el lema de la defensa del ambiente.



Pocas manos  
Cuáles son las empresas dueñas de los lotes de la isla 132


Dos son las empresas desarrolladoras que son dueñas de tierras en la isla, las constructoras Hormiquén SA, Arco Ingeniería. La otra privada que participa en el proyecto es la desarrolladora inmobiliaria VM Desarrollos Urbanos. El resto pertenecen al ente conformado por los estados provincial y municipal.

Dos de aquellas compañías son constructoras reconocidas en la zona: Hormiquén SA y Arco Ingeniería formaron parte del paquete de empresas que se apoderaron de la obra pública en la ciudad durante la gestión anterior, ganando la mayoría de las millonarias licitaciones. En la actualidad, continúan conformando el lote de firmas en carrera licitatoria.

A saber: desde 2016  y hasta mediados de 2019, Arco ganó once licitaciones públicas en la ciudad, por un total de 194,4 millones de pesos. Por su parte, Hormiquén, ganó varias licitaciones, asociada con otras empresas de mayor caudal financiero. Además, en 2018, se unió a otras constructoras para comprar valiosos terrenos. Allí, los valores a los que el municipio vendió esas tierras fueron desde los 940.000 hasta los 35.715.000 pesos. Jorge Alberto Jaume figura como accionista principal de la empresa.

La tercera es una desarrolladora inmobiliaria: VM Desarrollos Urbanos, registrada a nombre de Mariano José Santos e Ignacio Moutin. La empresa está dedicada a la construcción de condominios, galerías y edificios para oficinas. Es propietaria del lote donde actualmente se levanta el proyecto Zafiro, sobre la rambla del Paseo de la Costa. Se trata de un imponente edificio de ocho pisos para oficinas y comercios, de 5.200 metros cuadrados de construcción, entre espacios privados y comunes. En los últimos días, en declaraciones a la prensa Santos se desligó de la polémica por los terrenos de la isla al aclarar que "no tenemos ni tuvimos tierras” en el lugar.


Marcelo Zúñiga (Concejal Frente de Todos)
“Hoy por hoy, no hay licencia social para avanzar en esto”


El edil del PJ, Marcelo Zúñiga, ratificó su rechazo a la propuesta en diálogo con La Tecla Patagonia. “Es solo una razón economicista y hecha a la medida de estos dueños de los lotes que son parte de los  holdings que gobiernan la ciudad hace 30 años: contratistas, desarrolladores inmobiliarios y funcionarios políticos”, disparó el concejal.

En la misma sintonía, el presidente del justicialismo capitalino advirtió: “Ahora se pretende cambiar el uso del suelo. Buscan obtener mayores rentabilidad de los bienes que poseen. Antes la isla era tierra pública, sin urbanizar. A través de la normativa, dos o tres firmas empresarias que forman parte del cartel de la obra pública se quedaron con tierras que el Estado mal vendió, a muy bajo costo, a agentes del mercado inmobiliario. Alrededor de 40 o 60 dólares el metro cuadrado, con el dólar a 2 o 3 pesos. Hoy, esos lotes de 5 mil metros cuadrados que los compraron a ese valor, hoy el valor de mercado está en 200 dólares el m2. Sin haber hecho nada multiplicó su ganancia”.

Y agregó: “el Estado les vendió la tierra barata y aceptó como parte de pago obra pública que hicieron ellos mismos en el mismo lugar que hicieron la tierra. El Estado le agregó valor a una zona que era baldío y ahora ellos buscan modificar la ordenanza para cambiar el uso del suelo para poder hacer grandes edificios y así multiplicar exponencialmente sus ganancias. Con el cambio de la normativa, ya maximizan su ganancia los actores privados. Nosotros no estamos de acuerdo. Si no es rentable para los privados, la posibilidad es que el Estado le compre las tierras y las destine para más espacios públicos”.



La versión del oficialismo 
A pesar de las críticas, desde el MPN sostienen que hay un debate abierto


Fuentes del oficialismo remarcaron a La Tecla Patagonia que el proyecto todavía se está debatiendo y escuchando a especialistas. Por supuesto, Cordineu tiene un determinado propósito que tiene que ver con modificar los usos, pero todavía se está intentando mejorar el proyecto. Desde el Movimiento Popular Neuquino apuntaron a este medio que también se debate puertas adentro del bloque. Si bien se presupone que llegado el momento todos los concejales acompañarán la iniciativa, la ordenanza no está a punto de salir ni mucho menos.

Por el momento está en la comisión de Obras Públicas y allí seguirá un largo rato.
Asimismo, desde el MPN remarcaron que es un proyecto bastante participativo, más allá de las denuncias de la oposición y la intención de instalar en agenda que ya es cosa juzgada. Desde el oficialismo sostienen que no intentan en poner el proyecto sino todo lo contrario, abrir el debate para perfeccionar la iniciativa.

En tanto, desde la dirigencia emepenista consideran las próximas semanas estará más fuerte en agenda. Apuntan que el Frente de Todos se posicionó muy fuerte antes de tiempo e instaló el tema con una intención política. “Plantaron bandera incluso antes de que llegara el proyecto al recinto”, confiaron. Según señalan desde el partido provincial a este medio, se trabajará por varias semanas más hasta lograr los consensos necesarios. No hay un apuro en aprobarlo.