Por Juan Martin
Legislador provincial rionegrino (Juntos por el Cambio)
El reciente fallo de la Corte Suprema reconociendo la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires para decidir la presencialidad educativa es una buena noticia para todos los argentinos, no sólo para los porteños.
Con esta decisión, la Corte confirmó el rol de la Justicia dentro de un sistema de división de poderes. “La Corte es un contrapoder”, como tuiteaba el propio Alberto Fernández allá por 2013, cuando gozaba de mayor libertad de conciencia y acción de la que parece tener ahora.
La sentencia es un claro límite al kirchnerismo y un recordatorio de que vivimos en una República, aunque sólo por el momento. Porque la reacción de las diversas instancias del Gobierno preocupa y mucho.
Hagamos un poco de historia. Hubo un tiempo en el que los reyes decían “el Estado soy yo” y hacían lo que se les antojaba. Entonces, a un señor llamado Montesquieu se le ocurrió el concepto de división de poderes, para balancear un poco las cosas y que el rey no se pasara de la raya con sus caprichos.
Esta idea fue tomada por todos los sistemas republicanos modernos, con un poder legislativo que hace las leyes, un ejecutivo que las pone en práctica y un judicial que controla que se cumplan. Y, lo más importante, con una Constitución por encima de todo marcando las reglas del juego.
Cuando Cristina califica al fallo de la Justicia como “un golpe institucional” demuestra que, cuando se formaba en La Plata para ser una abogada exitosa, justo ese día faltó a la clase de Derecho Constitucional.
No sorprenden estos exabruptos de la Vicepresidente de la Nación. Pero llama la atención que todo el Gobierno se sumara a coro a esta línea de análisis y a agitar el fantasma de un “golpe blando”. Todos los funcionarios, incluyendo al otrora tranquilo profesor de Derecho que consideraba a la Corte un contrapoder.
Como un chico caprichoso el kirchnerismo se niega a aceptar cualquier límite. Por eso le incomoda tanto la Justicia. Por eso quiere reformarla a toda costa y llenarla de jueces amigos. Porque así como está le impide hacer lo que se le ocurra.
¿Y en qué nos afecta esto a los argentinos comunes? En mucho.
Supongamos que un día a Alberto o a Cristina se les ocurre que debemos permitir que Grabois y unos amigos suyos se metan en nuestra casa, que nos tiren todas las plantas y que usen las macetas para sembrar perejil. Incluso, que puedan tomarse la cerveza de la heladera, instalarse en el sofá y sacarnos el control remoto.
¿Qué haríamos en ese caso? Además de enojarnos, los denunciaríamos y esperaríamos que la Justicia se ocupara de poner las cosas en su lugar, de considerar todo esto un delirio y poner a los intrusos en la calle. Nada de eso sucedería si la Justicia fuese amiga (o empleada) de Alberto y Cristina.
El ejemplo puede parecer absurdo, pero es elocuente. Si no fuera por la división de poderes incluso sería posible. Abundan los ejemplos históricos y actuales de decisiones absolutamente ridículas tomadas por personajes delirantes.
En todos los casos, la excusa que ponen es la misma. Ellos y sólo ellos pueden encarnar la voluntad popular y el resto debe confiar en su buen criterio. Al fin y al cabo, son buenas personas, dicen. Eso es lo que afirma Alberto Fernández con su “aunque saquen sentencias vamos a seguir haciendo lo que debemos”.
No soy quien para discutir la bondad de Alberto Fernández, pero prefiero creerle a Perón cuando decía que “el hombre es bueno, pero si se lo vigila es mejor”.
Vigilar al poder es clave para seguir viviendo en una República. La Justicia tiene gran parte de esa responsabilidad. Pero, en definitiva, la mayor garantía es una sociedad atenta, movilizada y consciente de estos peligros, que castigue con su voto a quienes quieren convertir a los ciudadanos en súbditos.
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