PATAGONIA
10/01
Mapa de las tomas: estado de situación en la región
Entre la crisis habitacional y el reclamo ancestral, la Patagonia es uno de los focos de mayor conflicto en todo el país en la disputa por la tierra. Miles de personas viven actualmente de manera ilegal, en condiciones precarias y a la espera de una respuesta. Los Gobiernos buscan soluciones, y la Justicia interviene con intentos de desalojo

Por Alejandro De Angelis 

Uno de los temas de la agenda 2020 en la política fue la cuestión de las tierras. El dificultoso acceso a ellas por parte de gran parte de los ciudadanos, las políticas para facilitar una distribución equitativa, y las tomas como un señalamiento inequívoco de que hay una demanda social que no se está ateniendo desde hace muchos años, y lleva a las posiciones más extremas. En la Patagonia, se suma una dificultad más. El reclamo histórico de pueblos originarios por la posesión de sus tierras, que buscan hacer valer su posición como habitantes ancestrales del territorio.

Todo ello se encuentra cruzado no solo por la política, sino también por la economía y la correlación de fuerzas que hace escalar las condiciones del reclamo a límites de violencia extrema, y convierte la lucha por una causa en apariencia justa, o atendible, en un tema seguridad nacional que obliga al Estado a intervenir en su rol de policía.

Reclamo ancestral

El ejemplo paradigmático de la región es Villa Mascardi, la localidad ubicada a pocos kilómetros de San Carlos de Bariloche, que es el epicentro de disputa entre miembros de la comunidad mapuche y otros habitantes del lugar, en una disputa por las tierras que parece no tener fin. Allí la intervención de las fuerzas federales data de años atrás, y los ataques violentos a vecinos, los allanamientos y episodios de represión son moneda corriente.

En particular, el año que pasó mereció una nueva intervención en el conflicto por parte del Gobierno nacional, que no solo mando a las fuerzas del orden sino que también abrió un canal de diálogo con la Provincia y representantes de los pueblos originarios para llegar a un acuerdo de paz. Por ahora, hay gestiones abiertas pero ninguna solución concreta más que la propia mesa a donde se sentaron todas las partes.

El caso Mascardi tomó tal trascendencia a nivel nacional que ameritó un cruce público entre la ministra de Seguridad Sabina Frederic y la extitular de la cartera, Patricia Bullrich. "La violencia que hay en el Sur la dejó Bullrich”, disparó Frederic, afirmación que mereció la respuesta de la Presidenta del PRO, quién aseguró: "Durante 12 años le abrieron las puertas a la violencia en la Argentina, hicieron víctimas a los delincuentes y escondieron las cifras: fomentaron la ley de la selva".

En diálogo con La Tecla Patagonia, el diputado provincial Juan Martín consideró que “durante este año, desde la conducción del Estado Nacional se hizo de todo, menos lo que se debía hacer, que era restablecer el imperio de la ley en Villa Mascardi y en toda la zona cordillerana. Ahora el Gobierno Nacional echa mano a un nuevo recurso para seguir sin hacer nada. Lo llamó mesa de diálogo”, y advirtió por “una nula voluntad del Gobierno por solucionar el problema”.

Un escenario similar se vive en el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut, donde desde mediados de año una comunidad mapuche ocupó un sector del área  que incluyó la usurpación de una casa de guardaparques. El asunto motivó el pedido intervención a Nación por parte del diputado nacional Gustavo Menna, quien consideró que “los actos de violencia y usurpación que denuncia el Sindicato de Guardaparques se inscriben en una serie de episodios de similar naturaleza que azotan a diversos puntos de la Patagonia”, y advirtió por “una notoria y preocupante ausencia de las autoridades nacionales, resultando evidente que estamos ante la deserción por parte del Ministerio de Seguridad de adoptar medidas de protección de la seguridad pública, de la vida e integridad física de las personas que allí habitan y del patrimonio público y privado”.

Al respecto de la problemática, el ministro de Seguridad chubutense Federico Massoni diferenció las ocupaciones motivadas por “problemas habitacionales” de familias, que consideró que “los tienen que resolver los intendentes con políticas activas”, de las de “los negocios de grupos que no reconocen al Estado”. “En El Maitén actuamos con la fuerza policial, y vamos a seguir manejándonos de la misma forma”, dijo el ministro luego de intervenir en octubre en la toma masiva de lotes privados en la cordillera, a pocos kilómetros de la ciudad de Esquel.

Crisis habitacional

El tema no solo se circunscribe al reclamo de los pueblos originarios. El mapa de las tomas en la región también está poblado por aquellas personas que ven en la usurpación de terrenos, privados o fiscales, la única posibilidad concreta de acceder a la tierra o, en última instancia, de lograr una negociación en pie de igualdad con las autoridades para conseguir respuestas a la demanda por un lugar propio.

En este rubro, el caso más emblemático se da en Neuquén, donde a pocos kilómetros del centro de la capital se encuentra la toma de Casimiro Gómez. Allí, en plena llanura neuquina, aún permanecen cientos de familias que no accedieron al acuerdo propuesto por el Municipio para liberar los terrenos. Dicha toma llegó a agrupar más de 4 mil personas, número que se redujo mediante las gestiones de las autoridades locales y provinciales, pero que no dio por finalizado el acampe.

La promesa del Ejecutivo neuquino fue la de abordar cada una de las demandas habitacionales, con algunas condiciones respecto de las personas involucradas, como la garantía de que se tratara de vecinos con domicilio legal en Neuquén y la inscripción a un registro elaborado para dar solución al problema de vivienda.

Unos kilómetros hacia el interior, en la localidad de Centenario una toma reúne alrededor 150 familias, que son parte de la ola de ocupación de tierras que recorre el país. En octubre el Gobierno neuquino intentó desalojar los predios ocupados mediante las fuerzas policiales de la Provincia, pero las negociaciones permitieron evitar el operativo y abrir un canal de diálogo que atienda los reclamos de los ocupantes.    

Mismo escenario se da en Río Negro. Solo en  Bariloche se contabilizaron 20 tomas de tierras en el 2020, algo que evidenció mucho más que el simple desacato de un grupo de vecinos. Hay ocupaciones en el predio destinado a la nueva terminal de ómnibus, a los talleres de la empresa 3 de Mayo, frente a un supermercado mayorista, y en los barrios Nuestras Malvinas y Omega, donde el asentamiento parece que llegó para quedarse.  150 personas aproximadamente fueron imputadas por el delito de usurpación en la localidad el año pasado.  

En General Roca hubo dos focos de conflicto este año respecto de las tomas. Una se dio en el Polígono, donde al menos 15 familias realizaron una toma que fue desactivada por el Municipio, que acordó una entrega de lotes sociales y escrituras para desalojar el predio. Otra, aún activa, en las tierras del Tiro Federal, que no logró encausarse.  

En Santa Cruz, durante el año pasado hubo dos intentos que lograron desactivarse. En Caleta Olivia un grupo de personas avanzó sobre la reserva natural “El Humedal”, en el Barrio Hípico, a donde el Municipio arribó con maquinarias y  procedió a despejar las usurpaciones. En la capital, Río Gallegos, la metodología no pasó de las amenazas y la organización a través de las redes sociales. Las autoridades detectaron un plan y movilizaron a las fuerzas de seguridad para evitar el arribo de alrededor de 100 personas al barrio San Benito.

Respuesta política

Más allá de las retroescavadoras y los mega operativos de seguridad, la mayoría de los dirigentes reconoce que hay una falta de políticas del Estado en la materia, a lo que se suma la enorme dificultad que entraña el acceso a un terreno, sumado a la extrema necesidad de muchas familias y el aprovechamiento de unos pocos interesados.

En Río Negro, el Gobierno provincial lanzó a fines de 2020 el plan Río Negro Suelo Urbano, que planea la entrega de más de 12.000 lotes de entre 200 y 300 metros cuadrados con todos los servicios en los puntos más críticos del territorio en materia habitacional. “Vemos un mercado inmobiliario que impone reglas y que los trabajadores no alcanzan a pagar por mas que se esfuercen y ahorren”, advirtió Carreras en la presentación del programa, aunque aclaró que “de ningún modo la toma de terrenos y la usurpación es una solución, o una salida”.

En diálogo con este medio, el legislador provincial Ramón Chioconi recordó que la iniciativa surgió desde su bloque y fue tomada por el oficialismo. “No importa, siempre que llegue a la gente será bienvenido”, dijo el diputado oriundo de Bariloche.

En Neuquén hubo una respuesta similar por parte de las autoridades. A principios del año pasado el intendente Mariano Gaido junto con el gobernador Omar Gutiérrez anunciaron el lanzamiento de un plan de 2.000 lotes con servicios en la meseta. Conjuntamente con ello se creó en la capital el Instituto Municipal de Vivienda. En paralelo la provincia avanzó con entrega de lotes y planes de viviendas.

“La Provincia anunció que había un Plan de 5 mil viviendas, pero la realidad es que el déficit de toda la provincia es de cerca de 80 mil viviendas que faltan para las familias neuquinas”, advirtió el diputado de la izquierda neuquina, Andrés Blanco, que pidió llevar la discusión a la Legislatura, y recordó los numerosos proyectos que abordaban la problemática presentados desde su bloque.

Lo cierto es que la crisis económica no cesó y los problemas de acceso a la vivienda se incrementan. Para este año, con el anuncio de diferentes planes abocados a atender la demanda, se espera aplacar los ánimos de los vecinos. Sin embargo, el problema sigue latente y a la espera de mayores soluciones que terminen por fin con la problemática del acceso a la tierra, que impera en toda la Argentina y de la que la Patagonia no está exenta.