27 de junio de 2012
RÍO NEGRO
El gobierno provincial impulsa nueva legislación frutícola
La Legislatura provincial avanzó en la definición del nuevo marco legal para la fruticultura que reemplazará a la antigua legislación de Transparencia y de Contractualización, normas “voluntarias” todavía vigentes
Con el aval del Poder Ejecutivo, la Comisión Permanente de Planificación, Asuntos Económicos y Turismo de la Legislatura, avanzó la definición del nuevo marco legal para la fruticultura rionegrina que reemplazará a la antigua legislación de Transparencia (Ley N°3.611) y de Contractualización (N°3.993), normas “voluntarias” todavía vigentes, pero vaciadas en su contenido y aplicación práctica. Las nuevas leyes, según definieron los diputados del bloque del Frente para la Victoria, serán inicialmente dos y funcionarán relacionadas.
Una ley de trazabilidad comercial que, al seguimiento electrónico de los movimientos físicos de la producción desde el monte frutal a los mercados de destino, agregará los precios recibidos en cada etapa. Con ello brindará un panorama completo y exhaustivo de los mercados y permitirá establecer, en forma instantánea, precios referenciales para cada especie y variedad, según calidades, tamaños y plazas de destino final.
La información proporcionada por la trazabilidad comercial, aparato que actualmente está siendo desarrollado por la Secretaría de Fruticultura en conjunto con la empresa rionegrina Altec y el Ministerio de Economía de Nación (Subsecretaría de Coordinación Económica y Mejora de la Competitividad), será complementada por una legislación de comercialización. El objeto de esta segunda ley será el establecimiento de licencias obligatorias para los comercializadores de frutas. Dichas licencias, sujetas de beneficios y sanciones e inspiradas en la legislación estadounidense de comercialización de productos perecederos, permitirán el establecimiento de contratos obligatorios para la primera venta de las frutas. Los precios fijados en estos contratos serán de libre determinación, pero existirán incentivos para aquellos que igualen o superen los precios referenciales establecidos por la trazabilidad comercial.
La legisladora Silvia Horne, presidenta de la Comisión de Planificación, señaló: “Actualmente, la fruticultura rionegrina enfrenta dos dificultades principales, una de competitividad, que escapa a la gestión propia del gobierno provincial y depende de las condiciones macroeconómicas y fiscales del modelo nacional; y otra de distribución de la renta generada en la producción, que dio lugar a una baja continua de la rentabilidad primaria, con estancamiento productivo y disminución del número de actores que participan del negocio”.
Horne consideró que “el problema de competitividad es coyuntural, el de distribución de la renta es estructural, por eso los instrumentos legales que actualmente se desarrollan servirán para resolver este segundo problema. Su objetivo es recuperar la rentabilidad primaria para que vuelva a ser negocio la inversión en las chacras para quienes no son productores integrados”.
“Esperamos que esto permita recuperar el crecimiento de una actividad actualmente estancada que genera, de manera directa, 80 mil puestos de trabajo. No queremos una actividad que demande permanentemente recursos públicos, sino que autofinancie su crecimiento en todos los tramos del negocio, no una fruticultura más chica, sino más grande, con más producción, empleo y efecto multiplicador sobre la economía provincial”, completó Horne.